El Tribunal Supremo (TS) ha tomado una decisión trascendental este martes, al anular por mayoría el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esta medida ha sido ordenada tras considerarse la posible incompatibilidad del cargo debido a la relación sentimental de Delgado con el exjuez Baltasar Garzón, quien dirige una fundación de Derechos Humanos.
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La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha emitido esta decisión tras estimar los recursos presentados por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, quien era candidato al cargo.
En su comunicado, el tribunal ha adelantado su fallo, indicando que en los próximos días se publicará la sentencia completa, en la que se expondrán los fundamentos que sustentan esta decisión. Es relevante destacar que esta es la segunda vez que el Supremo anula un nombramiento de Dolores Delgado, dado que en noviembre pasado invalidó su designación como fiscal togada del propio Tribunal Supremo.
La decisión del TS implica la anulación del Real Decreto del 13 de junio de 2023, que designaba a Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Además, se ha ordenado retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la posible incompatibilidad, según lo establecido en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Los recursos presentados argumentaban que el nombramiento de Delgado fue inválido debido a que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no permitió al Consejo Fiscal estudiar si existía causa de incompatibilidad, dada la relación de Delgado con Garzón.
Este segundo nombramiento anulado se produce casi un mes después de que el Consejo de Ministros ejecutara una sentencia anterior del Tribunal Supremo, que ordenaba anular el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del propio TS, debido a una supuesta «desviación de poder» por parte del fiscal general.
La decisión del TS marca un hito en el ámbito judicial y destaca la importancia de garantizar la imparcialidad y transparencia en los nombramientos públicos.