El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado una solicitud para apartar a los magistrados del Tribunal Supremo (TS) encargados de decidir sobre su continuidad en el cargo. Esta medida se produce después de que los mismos magistrados anularan el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada y como fiscal de Memoria Democrática.
Los cuatro magistrados señalados por García Ortiz deben estudiar el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación. Según fuentes fiscales consultadas, el fiscal general ha presentado un incidente de recusación, solicitando que los vocales de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no participen en el proceso.
Es importante destacar que esta petición ha sido realizada personalmente por García Ortiz y no por la Abogacía del Estado. La Sección Cuarta del TS se encarga de asuntos relacionados con el personal y los derechos fundamentales. Sin embargo, no se ha recusado a la quinta magistrada de la Sección, ya que no participó en la decisión sobre el nombramiento de Dolores Delgado.
En caso de que los magistrados recusados no se aparten, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que será la Sala 61 la encargada de tomar una decisión al respecto. Esta Sala está compuesta por 15 magistrados, incluyendo el presidente interino del TS, los presidentes de Salas y otros magistrados.
La APIF presentó un recurso en febrero contra el Real Decreto que renovaba al fiscal general, argumentando que no era idóneo para ejercer sus funciones, incluida la jefatura de todos los fiscales de España.
Además, el Partido Popular ha solicitado el cese del fiscal general del Estado después de que el TS anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. En este contexto, el Senado debate una moción del PP que busca su destitución.
En declaraciones recientes, Álvaro García Ortiz ha señalado que existe una controversia en torno a su figura, especialmente por parte de un Gobierno progresista. En relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el fiscal general ha expresado que quizás no sea apropiado que se pronuncie al respecto, aunque destaca que existe una anomalía constitucional debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos.