La Comisión Parlamentaria encargada de investigar los contratos de emergencia durante la pandemia ha citado para este lunes a Francina Armengol, actual presidenta de la Cámara Baja y expresidenta de las Islas Baleares.
Junto a ella, testificarán dos exfuncionarios de su gobierno regional, relacionados con la adjudicación de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la llamada ‘trama Koldo‘, por la compra de mascarillas.
Esta sesión, la tercera en este caso, seguirá a las comparecencias previas de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, y Salvador Illa, exministro de Sanidad. La comisión también profundizará en la investigación sobre ventas de material sanitario a la Diputación de Almería, controlada por el PP.
En el segundo encuentro, la comisión interrogó a un exmiembro del PP detenido en 2021 por su implicación en el caso, y a Fernando Giménez Giménez, actual vicepresidente segundo de la Diputación y figura destacada del partido en Almería.
Manuel Palomino, exdirector del Servicio de Salud de Baleares durante la crisis, y Iago Negueruela, quien fuera consejero de Trabajo y actual portavoz del PSOE en el Parlamento Balear, también testificarán. Francina Armengol cerrará las comparecencias del día, defendiendo la legalidad de las gestiones de su administración.
Armengol niega presiones de la «trama Koldo»
Armengol afirmó en una comparecencia el pasado mes de marzo que no se vio influenciada por «órdenes» o «presiones» de la ‘trama Koldo‘ para comprar el material ni para gestionar su devolución. Aunque no especificó quién, dentro del Ministerio de Fomento, les recomendó colaborar con Soluciones de Gestión.
Ella sostiene que, durante la pandemia, las propuestas de compra fueron evaluadas por técnicos del Servicio Balear de Salud, encargados de revisar precios y calidad antes de proceder con cualquier contratación.
Respecto al material adquirido, el mismo nunca se usó por no cumplir con las especificaciones requeridas, permaneciendo almacenado para un eventual uso futuro. Tras varios intentos de rectificación y el cambio de gobierno regional, la administración actual ha optado por exigir la devolución del importe total del contrato, que asciende a 3,7 millones de euros.
La comisión deliberará en privado al finalizar las comparecencias, para decidir sobre las recomendaciones de los letrados respecto a las solicitudes de documentación adicionales.