En un reciente encuentro con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del ‘procés‘ han expresado su postura respecto a la ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso. Los fiscales se oponen a su aplicación en casos de malversación, pero consideran que puede ser viable para los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
El Congreso de los Diputados aprueba la ley de amnistía
Los Fiscales del ‘Procés’ y su Posición sobre la Ley de Amnistía
Según fuentes de fiscalía, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno han trasladado su criterio al fiscal general del Estado. Este criterio afecta directamente al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien enfrenta cargos de malversación y desobediencia, así como a los exconsejeros catalanes Toni Comín y Lluís Puig, en similar situación. Los tres tienen órdenes de detención nacionales activas, aunque las euroórdenes están desactivadas.
Además, esta postura repercute en el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron condenados por malversación y tienen inhabilitaciones vigentes pese a los indultos de prisión concedidos en 2021.
Detalles de la Ley de Amnistía
La ley de amnistía busca exonerar actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación sin enriquecimiento en el contexto del independentismo catalán. Sin embargo, los fiscales del ‘procés’ no consideran viable su aplicación a la malversación. Esta postura coincide con la del Tribunal Supremo, que al revisar el caso tras la reforma del Código Penal, insistió en que las acciones de los condenados no estaban «ausentes» de ánimo de lucro.
Próximas Reuniones y Caminos Procesales
García Ortiz ha convocado a una reunión con los fiscales superiores de Cataluña para mañana viernes, donde se abordarán los caminos procesales para la implementación de la ley en las diversas causas afectadas. Según las fuentes consultadas, los fiscales del ‘procés’ también se oponen a que la amnistía implique levantar las medidas cautelares y órdenes de detención como primer paso.
La ley establece que los tribunales deberán aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses. Tanto el Tribunal Supremo como los juzgados y tribunales de Cataluña gestionan la mayoría de los casos relacionados con el proceso independentista.
Perspectivas sobre la Constitucionalidad de la Ley
Se anticipa que el Tribunal Constitucional reciba cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de inconstitucionalidad, especialmente desde el Partido Popular, que ya ha anunciado su intención de acudir a la corte de garantías. Las fuentes jurídicas destacan que los tribunales probablemente consultarán a las partes del procedimiento, incluida la Fiscalía, antes de tomar cualquier decisión. Por ello, es crucial que el Ministerio Público establezca un criterio claro sobre la aplicación de la ley.