sábado, julio 6, 2024
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Sumar registra una proposición de ley para controlar la actividad de empresas españolas en territorios ocupados

La formación de Yolanda Díaz ha presentado una iniciativa que contempla sanciones y vetos para las empresas españolas que operen en los territorios ocupados de Palestina o el Sáhara Occidental

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Ángela Merino
Ángela Merino
Periodista y comunicadora. | [email protected]

Sumar ha registrado este miércoles una proposición de ley para limitar la actividad de las empresas españolas en territorios ocupados, en relación a la situación de Palestina y el Sáhara Occidental. Esta iniciativa propone sanciones y vetos para las empresas que no lo cumplan.

Con esta proposición de ley, Sumar quiere ir un paso más allá y presionar al PSOE tras el reciente reconocimiento del estado de Palestina. La formación de Yolanda Díaz lo hace con una proposición de ley orgánica que pretende impedir que las empresas españolas realicen actividades económicas y comerciales en territorios ocupados.

Esta iniciativa, que se hace a través del grupo Sumar, la firman los diputados Tesh Sidi, Txema Guijarro y Enrique Santiago. El texto recoge que su intención es «frenar las relaciones comerciales en territorios reconocidos por la ONU como ocupados, incluyendo Palestina y el Sahara Occidental, debido a que estas actividades perpetúan la ocupación y el genocidio, beneficiando a Israel y Marruecos».

También recogen medidas duras contra aquellas empresas que se salten la norma. La primera de ellas pasa por sanciones económicas para las empresas que realicen actividades en el sector privado. Además, pone el foco en las compañías que importan o exportan productos elaborados en territorios ocupados ilegalmente.

La segunda medida es un veto hacia las empresas españolas que les impediría obtener financiación o ciertos beneficios a la hora de cerrar contratos con el sector público. También aplica a subvenciones o la firma de cualquier convenio de colaboración.

«No queremos que las empresas que participen de las vulneraciones del derecho internacional, sean del país que sean, se lucren con nuestro dinero público«, apuntan.

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