Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por Ana Julia Quezada, la exnovia de su exmarido, ha revelado que la productora de la docuserie sobre el caso ha manifestado su voluntad de «parar esta producción«. «Si sale, nos va a hacer un daño público, porque seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas, que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida», ha afirmado Ramírez.
Ramírez ha destacado la importancia de «aprender, en medios y en redes sociales, a consumir sucesos» de forma responsable. «El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo», ha declarado, solicitando una «verdadera implementación» del Estatuto de la víctima y su modificación y adaptación para personas en situaciones similares. Pide que se les ampare con justicia gratuita, que «los fiscales, ya que son pocos casos, actúen de oficio y con diligencia», y que se doten económicamente estos esfuerzos para disminuir la revictimización y la victimización secundaria.
En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, Ramírez ha expuesto las supuestas «irregularidades» en la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada y la «intención espuria» de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso. Ha agradecido a la Guardia Civil por su mediación con la productora, logrando que esta última manifestara su intención de detener la producción. Ramírez pidió a la productora que lo confirmara por escrito, prometiendo olvidar «tres años de miedo«.
Ramírez ha solicitado a los senadores un pacto de Estado, destacando que es «un asunto de especial trascendencia» que puede afectar a cualquiera y no tiene nada que ver con la política o las ideologías. «Son derechos humanos que creo que cada ideología los tiene en común«, ha defendido. Ha recordado el pacto de Estado de 2017 contra la violencia de género, que ha permitido desarrollar más leyes en esta materia y ha promovido una cohesión social significativa, evitando que se vuelva a victimizar o culpabilizar a las víctimas de maltrato.
En concreto, ha pedido que las medidas acordadas en materia de violencia de género se extiendan a cualquier víctima de violencia grave, como agresiones sexuales, pederastia y violaciones, independientemente del género del agresor. Ha abogado por un pacto contra la violencia y la revictimización de las víctimas en todas sus manifestaciones: física, verbal y mediática. «Yo me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido y empiezo a construir sin piedras en el camino se lo agradezco soberanamente», ha subrayado.