La Oficina Antifraude (Antifrau) de Cataluña tiene más competencias y no dispone de recursos suficientes para desarrollar su cometido. Estaba previsto que en los Presupuestos de la Generalitat de 2024 se incluyeran los medios necesarios para ello, pero la disolución del Parlament y la prórroga de las cuentas de 2023 echaron al traste toda la previsión económica. La ‘solución’ de urgencia pasa por contratar inmediatamente personal cualificado para la carga de trabajo que supone asumir las funciones de Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Con este contexto, la semana pasada, el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó una resolución de ampliación de la plantilla presupuestaria para la Oficina. La clave es que, según una directiva europea reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, transpuesta con retraso por el Reino de España, esta entidad es la encargada de la asunción de las funciones mencionadas, es decir, Antifrau es la “designada legalmente para la protección de las personas informantes en Cataluña”. En febrero del año pasado informamos de que revelar los nombres de las personas informantes de casos de corrupción podría conllevar multas de hasta un millón de euros. Pero si el contenido de la denuncia es falso, la multa, de hasta 300.000 euros, la tendría que pagar el denunciante.
Esta responsabilidad de la Oficina también conlleva la obligación de operar como canal externo general, al tiempo que se debe mantener el rol de organismo de control especializado en la prevención y lucha contra el fraude y, finalmente, actuar como supervisora del correcto funcionamiento de los canales internos y del sistema en su conjunto. Dicha atribución de funciones, según la resolución, “supuso un dimensionamiento de los medios personales y materiales para el ejercicio 2024”. Esta ampliación de la plantilla se hubiera costeado con la aprobación de los presupuestos de 2024, pero estos no salieron adelante. Por este motivo, “procede llevar a cabo un incremento de plantilla presupuestaria de diez dotaciones” para hacer frente con garantías a las nuevas funciones atribuidas a la Oficina.
Los nuevos puestos de trabajo son: “cinco dotaciones” o plazas en el ámbito de prevención y protección de personas informantes, es decir, la mitad de la ampliación. Otras cuatro plazas en el área de análisis e investigaciones, y una dotación para administración y recursos humanos.
En la primera unidad orgánica se oferta una plaza de técnico experto en gestión de riesgos, otra de técnico experto de seguimiento y supervisión, una de técnico experto de coordinación técnica; técnico intermedio de prevención, jurídico, y un técnico base de protección de personas informantes. Por su parte, en la Dirección de Análisis e Investigaciones se prevé la contratación de un jefe de Unidad de Admisiones, y dos técnicos intermedios de análisis e investigaciones. Por último, en el Área de Administración, Recursos Humanos y Presupuestos se ha ofertado una plaza de técnico intermedio de servicios generales.
Actualmente, y según datos de la sección de Transparencia de la página web de Antifrau consultados por Estrella Digital, la Oficina cuenta con 53 empleados en plantilla: un director y un director adjunto en Dirección; un responsable del Gabinete, un adjunto al Gabinete de Dirección en materia de comunicación, dos técnicos de comunicación, un secretario, un administrativo, dos auxiliares administrativos y un conductor y auxiliar de soporte en el Gabinete de Dirección. Por su parte, en el Área de Administración de Recursos Humanos y Presupuesto hay un jefe de Área, un jefe de Unidad, un técnico y un administrativo. En el Departamento de Sistemas de Información y Comunicación hay tres técnicos de Sistemas y dos de Análisis de Datos. En el Área de Relaciones Institucionales hay un jefe de Área, mientras que en la Dirección de Prevención están en nómina un director funcional, un jefe de Área de Formación, un jefe de Área de Legislación y Asuntos Jurídicos y ocho técnicos. Por último, el departamento más numeroso es la Dirección de Análisis e Investigaciones: con un director funcional, un jefe de Área de Parlament, Govern y Administración de la Generalitat, un jefe de Área de Entes Locales, un jefe de Área de Análisis Particularizado del Gasto Público, un jefe de Área de Prospección Factual e Evaluación Preliminar, once técnicos, un administrativo y dos auxiliares administrativos. Suman 51 personas, más dos técnicos de Análisis e Investigaciones en puestos interinos de refuerzo. Con la reciente resolución, habrá que pagar 63 nóminas.
Tablas retributivas
Según las tablas retributivas de los altos cargos y el resto de la plantilla de la Oficina, reflejadas en un anexo de febrero de 2024 y que incluye el incremento del 3,5% de los sueldos respecto de 2022, el director de Antifrau, Miguel Ángel Gimeno Jubero, cobró 158.530 euros en 2023. Son 11.323 euros al mes. En junio y diciembre, el doble. El director adjunto ingresó 134.894 euros y el director funcional, 123.516 euros. Estos tres se consideran altos cargos. El sueldo del director se ha incrementado en 23.000 euros desde 2015.
Luego, la tabla detalla hasta tres grados por cada categoría profesional. Así. Los jefes de Área percibieron entre 93.726 y 100.414 euros el año pasado; los jefes de Unidad/ técnicos expertos, entre 82.709 y 91.899 euros; los técnicos avanzados, entre 73.224 y 77.634 euros; los técnicos intermedios cobraron entre 63.435 y 71.726 euros; los técnicos base, entre 44.305 y 49.277 euros; los administrativos de apoyo, entre 34.297 y 38.108 euros; y los auxiliares administrativos; entre 24.444 y 27.160 euros en 2023.
Gimeno es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1975. En 2001 cursó un posgrado en Derecho Civil Catalán en la Universidad Oberta de Catalunya. Entre 1976 y 1980 ejerció la abogacía y dos años después inició la carrera judicial: juez en 1983 y magistrado en 1987. Ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2010 a 2015 y magistrado de la Sala Civil y Penal hasta septiembre de 2016, cuando fue nombrado director de la Oficina Antifraude. También ha ejercido la docencia en varias universidades, en la Escuela de Policía de Cataluña y como profesor en varios programas máster. Una de sus funciones al frente de Antifrau es seleccionar, nombrar y contratar al personal. El mandato es de nueve años no renovables. A finales del año que viene cesará.
Funciones
La Oficina Antifraude es una entidad que se dedica a mantener la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal que sirve al sector público de Cataluña. Su principal misión es prevenir e investigar posibles casos de uso fraudulento de fondos públicos, o cualquier beneficio ilícito que surja de comportamientos que impliquen un conflicto de intereses o el uso privado de información obtenida a través de las funciones del personal al servicio del sector público. En definitiva, prevenir la corrupción.
Se esfuerza por asegurar que la conducta de los poderes públicos y sus representantes sea coherente con los valores de integridad, honestidad, transparencia, legalidad, neutralidad, imparcialidad y objetividad. Además, sirve como un canal externo para informar sobre infracciones de la Ley 2/2023 y brinda apoyo y protección a los informantes de acuerdo con la DA 7ª de la Ley 3/2023 de acompañamiento a los presupuestos.
Su actividad, que comenzó en 2009, está bajo el control del Parlamento de Cataluña, a quien rinde cuentas. El hecho de depender de la entidad que representa la soberanía de todos los catalanes legitima su trabajo y garantiza su independencia. No depende del gobierno de turno. Tal y como dice su web «es la primera institución en el Estado español en cumplir con los mandatos de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción».