La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido reabrir la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad, así como contra varios de sus ex altos cargos. La medida se toma por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Oltra a una menor tutelada en un centro de acogida. Esta decisión del tribunal llega tras estimar parcialmente los recursos presentados por la acusación particular, representada por la víctima, y las acusaciones populares, entre ellas Vox y la asociación Gobierna-te.
Archivan la causa contra Mónica Oltra, acusada de encubrir abusos sexuales
Decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)
Según el TSJCV, la Audiencia ha encontrado indicios suficientes de posible infracción penal, por lo que considera que no puede descartarse claramente la comisión de un delito. La causa había sido archivada en abril por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que no vio delito alguno en la actuación de Oltra y sus ex altos cargos, decisión respaldada por la Fiscalía.
Los hechos y la resolución judicial
La resolución, deliberada inicialmente para el 16 de julio pero adelantada por razones de servicio de la Sala, sostiene que existe una hipótesis plausible de que, al llegar la noticia de los abusos a la Conselleria de Igualdad, quienes tenían conocimiento de los hechos intentaron ocultarlos. Se señala la creación de un informe «ficticio» que declaró la inexistencia de indicios de abuso sin haber entrevistado a la menor.
Además, el tribunal critica la omisión de la denuncia y la falta de comunicación a la Fiscalía, lo cual evitó que esta pudiera ejercer control sobre la situación. El tribunal estima que no se protegió a la menor, quien fue colocada en una situación de riesgo al reincorporarse el educador que había cometido los abusos a su puesto de trabajo.
Revelaciones adicionales sobre el caso
Tres meses después, la menor relató lo ocurrido a unos agentes de la Policía Nacional que estaban en el centro por otro motivo. Estos agentes informaron a la Fiscalía, que encontró indicios suficientes de la comisión de abusos sexuales y presentó la denuncia correspondiente, culminando en la condena del educador.
El tribunal subraya que no puede descartarse de manera clara la infracción penal derivada del incumplimiento del deber de denunciar y proteger a la menor. También aprecia indicios de delito en la formación de un expediente informativo una vez judicializado el asunto, dirigido a determinar la veracidad de las acusaciones de la menor.
Victimización secundaria y actuaciones ilegales
La Sala considera que la formación de un expediente informativo debería haberse dirigido a detectar posibles errores por parte de los funcionarios, pero señala que, en cambio, parecía destinado a desacreditar el testimonio de la menor, lo que supone una victimización secundaria. El tribunal concluye que no puede descartarse la comisión de infracción penal debido a la creación arbitraria de un expediente informativo utilizando recursos públicos con fines particulares.
En resumen, el tribunal estima que las actuaciones realizadas podrían haber tenido la finalidad de ocultar los abusos sexuales y desacreditar el testimonio de la menor, justificando así la continuación del procedimiento judicial por posibles delitos derivados del incumplimiento del deber de denunciar y proteger a la menor tutelada.
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