¿Error del juez Manuel García-Castellón? Todos los focos se han centrado en el magistrado de la Audiencia Nacional tras verse obligado a archivar la causa de Tsunami Democràtic por una prórroga extemporánea. Era dictar este sobreseimiento o proceder contra los imputados si hubieran indicios suficientes.
Lo que ya es evidente es que son tres años de instrucción que ahora han quedado invalidados por la Sala de lo Penal a causa de una prolongación que se llevó a cabo 24 horas más tarde de lo que marca la ley en junio de 2021. Queda regulado en el punto 3 del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya última modificación se dio en julio de 2020, y establece que si no se dicta resolución antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, no serán válidas las diligencias a partir de la fecha. Éstas pueden ser acordadas sucesivamente por períodos iguales o inferiores a seis meses.
Pero es que la prórroga puede ser instada por todas las partes y no solo por el Ministerio Fiscal, como sucedía hasta 2020. Es decir, ¿recae todo el peso en García-Castellón?
Vía libre para volver a España
Ha sido un recurso de apelación de la propia investigada Marta Molina, secretaria de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), uno de los motivos principales de este ‘carpetazo’ a la instrucción. Su «situación legal» ahora cambia, tal y como ha indicado la formación en un comunicado, con la posibilidad de regresar a territorio español.
Aún está por ver lo que sucederá con Ruben Wagensberg y Carles Puigdemont, investigados por los mismos hechos en el Tribunal Supremo.
Fiscales y magistrados
Una de las últimas funciones de los fiscales en esta instrucción fue la de decidir si se investigaba el terrorismo en la causa de Tsunami. Álvaro Redondo, fiscal del Tribunal Supremo, no vio indicios para investigar en estos términos a Puigdemont. Una valoración que sirvió de poco, pues la votación del resto, 12 de ellos, se decantó en considerar que sí se habían dado atisbos de terrorismo. Tras los últimos sucesos todo ha quedado en ‘papel mojado’.
Otro nombre también protagonista es el de la magistrada Susana Polo, que hace unos meses fue nombrada jueza de la causa en el Supremo. Es notorio que hay más personas detrás de la instrucción, además de García-Castellón.