Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha señalado al juez que investiga posibles investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos que las consultas realizadas en bases policiales son «el resultado de una actividad policial normal y ordinaria como la realizada sobre cualquier ciudadano».
Revelan espionaje policial a 55 diputados de Podemos durante el gobierno de Rajoy
La semana pasada, la Policía aportó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz documentación que mostraba que entre 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de la formación ‘morada’ o de la coalición que formaron. Según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el ex número dos de Interior, investigado en esta causa, indicó que de la lectura de las hojas ‘excel’ aportadas por Asuntos Internos se comprueba que son búsquedas propias de una actividad policial normal y que responden a «muy variadas razones, como renovación de DNI y pasaporte, controles en aeropuertos, datos sobre hospederías, denuncias interpuestas por estas personas y un largo etcétera».
Además, Martínez señala que la información aportada por Asuntos Internos «no demuestra en absoluto, en el plano indiciario, el relato fáctico de la querella» de Podemos y advierte que las búsquedas en bases policiales «ni siquiera se circunscriben a esas 55 personas que el 16 de enero de 2016 (no antes) perfeccionaron la condición de diputados en el Pleno de constitución de la XI Legislatura». En este sentido, indica que se trata de búsquedas «sobre docenas de personas cuyos apellidos coinciden con los de alguno de los diputados, si bien no coinciden ni el nombre ni la fecha de nacimiento».
Un ejemplo destacado por Martínez es el caso de la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez. «Como los términos de búsqueda empleados han sido solo sus apellidos (Díaz Pérez), se han incluido en el archivo ‘Excel’ las consultas realizadas sobre diversas personas que se apellidan ‘Díaz Pérez’, quienes, por cierto, han sufrido una indeseable y nociva revelación de sus datos personales, que aparecen filtrados a los medios». Martínez denuncia que esta situación ha provocado «una vulneración del derecho a la protección de datos personales de personas completamente ajenas a la presente causa».
Francisco Martínez también menciona el caso del diputado Segundo González, del que se incluyeron en la documentación búsquedas a partir de los apellidos: González García. Tras citar otros ejemplos, como el del exdiputado Alberto Rodríguez, Martínez indica que se ha dado «una absoluta falta de rigor» y una «descarada revelación de cientos de datos personales totalmente ajenos a la investigación en curso» que ha servido «para construir titulares de impacto».
Martínez lamenta que se ha hecho «un grosero uso político y mediático de la causa» para que los partidos políticos que ejercen la acusación en las presentes diligencias previas salgan «en tromba a hablar de espionaje masivo y a pedir responsabilidades penales e incluso abiertamente penas de prisión«. Además, advierte de que deben descartarse para la instrucción las búsquedas en bases policiales anteriores al 16 de enero de 2016, cuando arranca la XI Legislatura, ya que «no puede haber delito contra la inviolabilidad de las Cortes Generales cuando las personas cuya inviolabilidad supuestamente se perturba ni siquiera eran miembros de las Cortes Generales».
Finalmente, añade que «la legislatura terminó el 3 de mayo de 2016 por disolución de las Cortes, al no formarse Gobierno». «La siguiente, esto es, la XII Legislatura, comenzó el 19 de julio de 2016, por repetición de elecciones. Salvo los miembros de la Diputación Permanente, los demás diputados (en realidad, solo aquellos que fuesen nuevamente elegidos) dejaron de serlo entre el 3 de mayo de 2016 y el 19 de julio de 2016. Por tanto, en este período tampoco pudo haber delito contra la inviolabilidad de las Cortes porque no eran diputados», especifica. Martínez concluye que cualquier búsqueda posterior al 18 de noviembre de 2016 «también es irrelevante» para él porque ya había cesado en su cargo.
Para Francisco Martínez, se ha realizado por parte de Podemos y medios afines «una grosera instrumentalización del proceso penal con fines políticos, para justificar titulares gruesos sobre supuestos escándalos y espionajes». El juez ha solicitado esta semana a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que profundice en los resultados de su análisis y que reflejaba esas búsquedas en bases policiales sobre 55 diputados de esa formación, para saber si hubo más búsquedas sobre otros 13 diputados y si los resultados incluían nombres de terceros que nada tienen que ver con la formación y que aparecen por coincidencias en los apellidos.