La Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia ha condenado a 16 años y seis meses de prisión a una mujer por intentar asesinar a sus dos hijos menores de edad al «saber que podía perder su custodia».
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El tribunal la ha considerado autora de dos delitos de asesinato agravado en grado de tentativa, concurriendo la agravante de parentesco y las atenuantes de confesión y de alteración psíquica, esta última de carácter muy cualificado.
Según los hechos declarados probados, la acusada, «con intención de acabar con la vida de sus hijos» al «saber que podía perder su custodia», les suministró una cantidad «indeterminada de benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos que previamente había machacado e introducido en los ‘dalkys’ de los menores obligándoles a tomárselo». «Una vez que perdieron el conocimiento, anulada cualquier posibilidad de defensa, les hizo sendos cortes en el cuello con un cuchillo», añade la resolución. Los hechos tuvieron lugar en el domicilio familiar el 1 de enero de 2023.
La procesada llamó después al padre de los menores para comunicarle que «les había hecho algo a los hijos y que acudiera a su domicilio». Este se personó en el lugar en compañía de otra persona y trasladaron a los niños al hospital, donde permanecieron ingresados hasta el 5 de enero. La mujer también reconoció los hechos a los agentes que acudieron a su domicilio.
En la vista oral, la procesada manifestó un «reconocimiento pleno e incondicionado de los hechos por los que venía siendo acusada» y un «arrepentimiento profundo» de los mismos. El tribunal parte del reconocimiento expreso y completo de los hechos realizado por la procesada y recoge también las declaraciones vertidas en el juicio por las personas que llevaron a los menores al hospital y del agente que contactó con la procesada tras el suceso, verificando su estado de «gran confusión» en ese momento.
Sobre la calificación jurídica de los hechos, la Audiencia de Bizkaia considera que la forma en la que la procesada intentó acabar con la vida de los menores fue con alevosía, pues produjo primero una anulación de su conciencia mediante el suministro de fármacos y reforzó la acción con sendos cortes en la zona del cuello.
El tribunal reconoce la atenuante de confesión y también la de alteración psíquica como muy cualificada. La procesada «está diagnosticada de trastorno de personalidad, trastorno por uso de sustancias psicoactivas y déficit intelectual ligero» y en el momento de los hechos presentaba «una considerable afectación de sus facultades volitivas e intelectivas».
Respecto a la penalidad, los magistrados indican que ha sido «aceptada por las partes» y que es «adecuada a la gravedad de los hechos y a las circunstancias personales que concurren» en la acusada, «dada la alteración psíquica importante en que se encontraba, así como a la confesión que realizó de los hechos, evitando con su llamada un resultado más grave».
Además de la pena de prisión, el tribunal ha acordado, entre otras medidas, imponer a la acusada la privación de la patria potestad respecto a los dos menores y el pago a los legales representantes de ambos un total de 82.300 euros (41.150 euros por cada menor) por las lesiones físicas y psíquicas y los daños morales causados.
Esta sentencia no es firme y cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.