Fatal de rentabilidad, sin relevo generacional garantizado, elevados costes, ventas a pérdidas, robos, sequía, desastres meteorológicos, plagas de bichos, de conejos, jabalíes o topillos. ¿Alguna calamidad más? Ya sabes que la mayoría de los agricultores y ganaderos tienen su ‘negocio’ al aire libre y el malestar del campo se ha convertido en una constante. Solo hay que recordar las manifestaciones de este invierno por toda España, que también se produjeron en 2020 y son recurrentes cada cierto tiempo: tractoradas, ocupación de autovías y autopistas, concentraciones delante del Ministerio de Agricultura en Madrid y en las Delegaciones del Gobierno de las capitales autonómicas, reparto gratuito de comida en plena calle y conexiones en directo con los informativos de televisión. El último episodio, que ha terminado con una marcha atrás de la Unión Europea, ha sido la cuestión medioambiental y el llamado cuaderno agrario. Bruselas ha hecho caso a los agricultores y ganaderos y ha minorado las exigencias de la agenda verde, un verdadero dolor de cabeza para un sector arruinado.
Hace unos días publicamos un artículo sobre si era viable que el presidente de una empresa pública estatal en números rojos -Navantia- podría cobrar un sueldo de 225.000 euros brutos anuales. Ahora, decenas de miles de agricultores y ganaderos se preguntan si su esfuerzo, su vocación y también su ruina, es compatible con despachos, consejos de administración, corbatas y retribuciones que superan los 100.000 euros al año. El único consuelo y vía de escape, como si de una huida hacia adelante se tratara, es seguir endeudándose, aunque sea lejos de la banca privada. La ‘solución’ o parche pasa por SAECA.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó una ampliación de 25 millones de euros del préstamo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para proporcionar un mecanismo de reafianzamiento a la sociedad y facilitar los avales de esa entidad a empresas del sector agroalimentario y pesquero. El objetivo es habilitar una línea de financiación de aproximadamente 625 millones de euros, en la cual SAECA asumirá el 80% de la cobertura de garantía.
Esta medida incluye como potenciales beneficiarios a las industrias agroalimentarias y de bebidas, las cooperativas agroalimentarias, los operadores del sector de la pesca, las entidades asociativas pesqueras, las comunidades de regantes y otras entidades asociativas. Además, y fruto del compromiso firmado con las organizaciones de productores, se han incluido a las organizaciones interprofesionales, jóvenes y agricultores y ganaderos con, al menos, un 50% de ingresos procedentes de la actividad agraria. El ministerio prevé que esté completamente operativa en septiembre.
Las operaciones avaladas por este mecanismo, que no es considerado ayuda de Estado, tendrán un importe mínimo de 75.000 euros y hasta 2,5 millones de euros, salvo para jóvenes, que no tendrán importe mínimo.
Saeca tiene 56 empleados en plantilla, según el informe anual de 2023 consultado por Estrella Digital. Tres hombres son directivos y hay cinco jefes de área (dos son mujeres). Además, hay cinco técnicos, ocho comerciales y 35 administrativos. Desde mayo de 2020 su presidente es Pablo Pombo, que contó con una retribución fija de casi 90.000 euros brutos el año pasado. Exactamente cobró 89.887 euros y un variable de 36.756 euros. En total, más de 126.600 euros. En este sentido, la sección de Transparencia de la página web de SAECA recoge que tanto el régimen retributivo del presidente y del director de la Sociedad, Jaime Haddad, “viene establecido en el real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, que regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades”. Sin embargo, el dato del sueldo público de Haddad no aparece. Este digital ha contactado con SAECA para conocer las retribuciones de los altos cargos de la mercantil, sin éxito. La secretaria de Presidencia, Protocolo y Comunicación es Teresa Maurelo, y el subdirector es Javier Orta. Además, durante 2023, la entidad “no ha recibido ni otorgado subvención alguna, ni tampoco ha concedido indemnizaciones”.
Pablo Pombo González lleva casi cuatro décadas en el sector de garantía de crédito para pymes. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba, sobresaliente “Cum Laude”. Desde 1996 es presidente fundador de la Asociación Europea de Instituciones de Garantía AECM. Ha ejercido la docencia universitaria y la investigación con decenas de publicaciones. Es consultor, experto, conferenciante y miembro de asociaciones relacionadas con la garantía recíproca en España y en Iberoamérica. En 1995 recibió la encomienda de la Orden del Mérito Civil concedida por el Rey Juan Carlos I.
Convenios laborales
Los convenios laborales del campo contrastan con los salarios de los consejeros de Agricultura de turno en cada comunidad autónoma, con los altos cargos del Ministerio de Agricultura y con la retribución del comisario de Agricultura de la UE. Por ejemplo, Janusz Wojciechowski, quien terminará su mandato tras los comicios europeos de este año. Cobra casi 26.000 euros mensuales.
En nuestro país, las ayudas de la PAC están gestionadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), un organismo autónomo adscrito al departamento del ministro Luis Planas y que preside María José Hernández Mendoza. El año pasado percibió 104.881 euros, incluidos seis trienios de antigüedad por su condición de funcionaria, según datos del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. En cambio, ¿cuánto cobra un agricultor? Según datos del Departamento de Planas del año pasado, el jornal en el sector era de 56,9 euros para ellos y de 54,9 para ellas. En total, unos 1.200 euros al mes, pero con grandes diferencias entre Galicia, Extremadura, Madrid y Región de Murcia, con nóminas más elevadas y Canarias, Baleares y País Vasco, en el furgón de cola.
La Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E., SAECA, se creó en marzo de 1988. Opera bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sus accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA. El primero tiene un 80% del capital social y el segundo, un 20%.
SAECA se encarga de “facilitar mediante su aval el acceso a la financiación a todo el sector primario para poder llevar a cabo sus inversiones, ya sean de mantenimiento, mejora o modernización de sus explotaciones, así como necesidades de circulante”, según se puede leer en la página web de la entidad. Se trata de una herramienta estatal de apoyo para financiar operaciones en condiciones más favorables que en la banca privada y respaldar al sector ante las constantes crisis (precios, sequías o daños por la meteorología).
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos