La proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería, que pretende obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores extranjeros no acompañados, está en riesgo de no avanzar si el Partido Popular (PP) no permite que se inicie su trámite parlamentario este martes. El PP ha dejado claro que no apoyará la propuesta a menos que el PSOE acepte algunas de sus demandas en política migratoria.
Expectativas ante la votación
A las puertas de la votación, la atención se centra en el PP, que ha manifestado estar «muy lejos» de apoyar el inicio del trámite legislativo, aunque no ha cerrado completamente la posibilidad. Varios líderes autonómicos del PP han expresado que aún ven margen para que su partido se abstenga en la votación, siempre y cuando el Gobierno haga concesiones, especialmente en términos de financiación para la acogida de menores migrantes.
La posición del PP es determinante ante la negativa de Junts y Vox, partidos que han dejado claro su rechazo a la propuesta. El PSOE, por su parte, está dispuesto a forzar la votación para que todos los grupos parlamentarios «se retraten» en materia de inmigración, tras el reciente acuerdo puntual para la distribución de alrededor de 400 menores.
Detalles de la reforma propuesta
La propuesta de reforma busca modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, estableciendo una acogida solidaria y obligatoria entre las comunidades autónomas para aliviar zonas de alta llegada como Canarias, Ceuta y Melilla cuando sus recursos sobrepasen el 150% de su capacidad. Sin embargo, el impacto político de esta reforma es considerable, ya que el reciente acuerdo de reparto de 400 menores provocó la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP.
Exigencias del PP
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido claro en sus condiciones: el PSOE debe aceptar sus «exigencias» en política migratoria, o de lo contrario la ley no será tomada en consideración. Feijóo ha subrayado que «los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle».
Entre las demandas del PP se encuentra el reconocimiento de una emergencia migratoria nacional, no solo en Canarias, Ceuta y Melilla. En este contexto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha extendido la declaración de emergencia en Canarias hasta el 30 de septiembre.
Críticas y reivindicaciones
En la reunión Sectorial de Inmigración celebrada este lunes, las comunidades gobernadas por el PP han criticado la gestión migratoria del Gobierno y reiterado sus demandas, como la creación de un plan de política migratoria, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y más financiación. La Comunidad de Madrid ha afirmado que sus centros están ocupados al 200%, mientras que Andalucía acoge a 500 menores migrantes.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado una actitud positiva respecto al debate que tendrá lugar este martes. Aunque mantiene una visión esperanzadora sobre la aprobación de la reforma, ha señalado con precaución la opción de recurrir al real decreto.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha sido una figura clave en la creación de esta propuesta junto al presidente de Canarias, ha señalado que si el PP se opone a la admisión a trámite de la ley, estará contradiciendo a su propio gobierno en Canarias, con quien comparte coalición con CC. Torres ha descrito como «absolutamente incongruente» la posible negativa del PP, dado que su intención es presentar enmiendas y sugerencias.
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