El Gobierno ha decidido relevar de su puesto a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, apenas medio año después de su nombramiento. Su gestión en el cargo ha estado envuelta en polémicas debido a sus opiniones sobre la ley trans y su actividad empresarial junto a su esposa.
La presión política sobre el Ejecutivo ha sido intensa en los últimos días, culminando en la destitución de García. Tanto Podemos como Sumar, socios de coalición del PSOE, exigieron su cese al considerar inaceptable el uso de una institución destinada a combatir la discriminación para el «enriquecimiento personal».
Desde su llegada al puesto, su nombramiento fue objeto de críticas por parte de Sumar, Podemos y diversas entidades LGTBI, principalmente por sus posturas sobre el colectivo trans. No obstante, fue su actividad empresarial conjunta con su esposa, Elisabeth García, lo que precipitó su salida del Ministerio de Igualdad. García siempre defendió que sus negocios eran «escrupulosamente respetuosos con la legalidad».
Anteriormente, Isabel García había sido diputada de Igualdad en la Diputación de Valencia y concejal de Igualdad en el Ayuntamiento de Xirivella entre 2015 y 2019.
Actividad empresarial
La polémica aumentó tras conocerse que García y su pareja obtuvieron 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta. Ante esta situación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le pidió explicaciones y transparencia sobre su actividad.
En un comunicado, García aseguró que cumplía con la ley y que sus empresas no presentaban conflictos de intereses con su cargo, ya que redujo su participación al 8% tras su nombramiento. A pesar de sus esfuerzos por aclarar la situación, Redondo le otorgó un tiempo para explicarse que concluyó con su destitución.
García afirmó tener «la conciencia tranquila» y estar segura de «haber hecho las cosas bien», subrayando que tanto ella como su esposa siempre fueron «muy escrupulosas en sus actuaciones profesionales» y que ninguna de sus empresas recibió «un solo contrato del Instituto de las Mujeres». Además, negó haber gestionado o recomendado contratos.
Ley trans
La gestión de García fue polémica desde el principio debido a sus declaraciones sobre la ley trans, que fueron duramente criticadas por partidos como Sumar y Podemos, así como por organizaciones LGTBI. Estas entidades pidieron su cese.
En redes sociales, García había publicado mensajes negando la existencia de mujeres trans y hablando de «dictadura queer» y «delirio trans». La Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas recurrieron su nombramiento ante el Tribunal Supremo, argumentando que atentaba contra la dignidad y los derechos de las personas trans.
La ministra Redondo se reunió con colectivos LGTBI para asegurarles que su departamento seguiría trabajando por la igualdad de las personas trans. García, por su parte, expresó su «absoluto compromiso» con la ley trans y pidió disculpas si alguno de sus «comentarios personales» había causado «alguna ofensa».
Mandato discreto
Durante los seis meses que estuvo al frente del Instituto de las Mujeres, el perfil de García fue bastante discreto, sin comparecencias ante el Parlamento ni ruedas de prensa.
Al ser nombrada directora del Instituto de las Mujeres, García redujo su participación en las empresas que compartía con su esposa al 8%, siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Conflictos de Intereses.