El exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.
Grau, que durante el procedimiento se definió como una «víctima«, ha recibido esta condena por un delito de malversación de caudales públicos con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Además, estará inhabilitado durante nueve años para empleo o cargo público y deberá indemnizar al Ayuntamiento con un total de 388.150 euros, según la resolución de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.
La Fiscalía reclamaba nueve años y dos meses de prisión para Grau por malversación, cohecho y falsedad documental. Finalmente, ha sido condenado también por un delito continuado de cohecho con la atenuante analógica de dilaciones indebidas al pago de una multa de cinco millones de euros y a dos años de suspensión de empleo o cargo público.
El exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, ha sido condenado a cuatro años de cárcel como cooperador necesario de un delito de malversación y se le han impuesto ocho años de inhabilitación. Además, deberá indemnizar al consistorio, conjunta y solidariamente con Grau, con 210.000 euros. Otros dos acusados en esta pieza, el exedil Juan Eduardo Santón y la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen García-Fuster, han sido absueltos por falta de pruebas.
El tribunal ha considerado probado que Grau desvió fondos de la Fundación Turismo y de la Asociación Centro de Estrategias y Desarrollo, entidades financiadas con aportaciones del consistorio, para sufragar gastos de la campaña electoral municipal del PP de 2007. Según la sentencia, la FTVBC abonó al menos 210.000 euros a la empresa que gestionaba la campaña electoral para el PP, Laterne Product Council (LPC). Del mismo modo, CEyD pagó 178.150 euros a la misma empresa.
Estos pagos se realizaron bajo la decisión de Alfonso Grau, con la colaboración de José Salinas en su ejecución. La resolución establece que LPC recibió aportaciones de diversas empresas contratistas con el consistorio para sufragar gastos de las actividades de la campaña electoral del PP de 2007, bajo la apariencia de pagos por prestaciones no realizadas.
El tribunal ha dictaminado que esos pagos se hicieron a petición de Alfonso Grau, quien se prevalió de su posición como teniente de alcalde para conseguir aportaciones económicas de las empresas con relaciones económicas con la Corporación Local. La sentencia especifica que su colaboración fue consciente y necesaria para llevar a cabo estos hechos ilícitos.
En cuanto a la campaña de 2011, el tribunal considera que no hay pruebas evidentes del origen de los fondos utilizados por el PP para sufragar los gastos electorales. Aunque el pago de estos gastos se hizo al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de la legislación sobre financiación de partidos políticos, estos hechos no eran constitutivos de delito de financiación ilegal en ese momento.
La Audiencia Provincial de Valencia ha subrayado la diferencia con la campaña de 2007, donde había testimonios incriminatorios y documentación que corroboraban la hipótesis de pagos ilícitos. En el caso de 2011, la prueba existente no permite descartar que las facturas analizadas correspondieran a trabajos efectivamente realizados.