La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Nº 19 de Madrid, María Inmaculada Sánchez, ha abierto diligencias contra Nacho Cano, al que le impone la condición de «investigado» por delitos «contra los derechos de los ciudadanos extranjeros» y «contra los derechos de los trabajadores», según se desprende del auto judicial al que ha tenido acceso Estrella Digital. También abren investigación contra otras tres personas; una de ellas, la encargada de crear un grupo de WhatsApp para compartir información. Irán citados para declaración. La denuncia fue presentada por una bailarina mexicana seleccionada para formar parte de la compañía ‘La Malinche’ junto con otros 19 participantes del mismo país.
Todos ellos fueron trasladados de México a Madrid para participar en la obra, pero viajaron en calidad de turistas y desde la propia compañía se les informó que no debían decir que iban a estudiar al pasar el control de frontera. Los agentes de la Policía llevaron a cabo seguimientos entre enero y junio, con los que descubrieron que «se encontrarían formándose y trabajando sin tener autorización para ello, encontrándose, todos ellos, de forma irregular en el país». Además, incumpliendo la notificación de abandonar el territorio en 15 días. En ningún momento se les concedió la solicitud de regularización por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Los investigadores también recurrieron a las redes sociales, tanto de los becados como de la propia productora, con los que apreciaron que no solo estaban ensayando en la obra, sino actuando y también trabajando en la fiesta ‘potshow’. El 27 de junio de 2024 se realizó una inspección de trabajo.
Cabe recordar que Cano fue detenido a principios del mes de julio y puesto en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, realizando después una rueda de prensa con sus abogados y otros integrantes del espectáculo.
Las ‘promesas’ de la productora
La demandante declara que el proceso de formación empezaba en diciembre de 2023 y terminaba en noviembre de 2024. La jornada laboral era de 9:00 a 18:00 con parada de media hora a las 12:00 y otra de una hora para comer a la 13:00, mientras que los fines de semana también colaborarían con actividades relacionadas con la productora.
Con los seleccionados ya en España, era la compañía la que se hacía cargo del alojamiento, el gimnasio y la comida del mediodía. Además, recibirían una mensualidad de 300 euros para gastos personales. Y es que fueron advertidos que al ser «becados» no podrían tener otro empleo, excepto en la discoteca ‘Templo Canalla’, donde podrían obtener unos ingresos extras. En todo momento, se les prometió «regularizar su situación administrativa» en territorio español por medio de un permiso de estudiante.
La jueza considera que percibían una cantidad económica «por debajo de convenio, llegando a expresar el estado de necesidad alcanzado, teniendo que recurrir a familiares y ahorros personales para lograr subsistir cada mes».