La dirección de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha dado su respaldo este lunes al preacuerdo alcanzado con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) por el que investirán a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.
Pese a las tensiones y el largo debate que se prolongó durante más de 10 horas, la dirección republicana liderada por Marta Rovira ha decidido apoyar al candidato socialista, siempre y cuando se cumpla con la demanda de un «concierto fiscal» para Cataluña, lo que implicará su salida del régimen común. Sin embargo, el respaldo definitivo será sometido a la votación de la militancia.
Detalles del preacuerdo
Raquel Sans, portavoz de ERC, acompañada de la cúpula del partido, ofreció una rueda de prensa para exponer los principales puntos del preacuerdo. Este se centra en obtener una financiación singular para Cataluña y en promover el uso del catalán en la Administración. Sans explicó que gracias a este pacto, la Agencia Tributaria Catalana asumirá la responsabilidad de «gestionar, recaudar e inspeccionar el 100% del IRPF y otros impuestos». Esto significaría la salida de Cataluña del régimen común y requeriría modificar la ley de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), un proceso que deberá ser aprobado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de otras fuerzas políticas.
Este nuevo modelo se implementaría de manera gradual, comenzando con la declaración de la renta de 2025, que se recaudará en Cataluña a partir de 2026. «Teníamos que conseguir que esta financiación singular fuese sostenible en el tiempo, independientemente de quién gobernase», afirmó Sans, destacando que el preacuerdo incluye «modificaciones legales necesarias» y «estructurales» para asegurar que Cataluña tenga «la llave de la caja».
Impulso al catalán y resolución del conflicto político
El preacuerdo también contempla la creación de un Departamento de Política Lingüística para defender y promover el catalán, en línea con una de las promesas de campaña del actual presidente en funciones, Pere Aragonès. Según Sans, se impulsará el uso del catalán en el ámbito audiovisual, se garantizará su vehicularidad en las escuelas frente a la «ofensiva judicial», y se asegurará el uso del catalán en las actividades extraescolares y en el sector sanitario.
Además, se planea la creación de una «convención nacional para la resolución del conflicto político», una mesa que incluirá a todas las fuerzas del Parlament y será presidida por ERC, con el objetivo de proponer soluciones al conflicto.
Un largo debate interno
ERC reunió este lunes a su Ejecutiva Nacional para analizar en qué estado se encontraban las negociaciones con el PSC, que permanecían estancadas por las exigencias republicanas de «garantías» para que los acuerdos de financiación sean sostenibles a largo plazo. La reunión comenzó a las 9:30 horas y se prolongó hasta última hora de la tarde, con la participación de los 60 miembros de la Ejecutiva, quienes expusieron sus posiciones sobre el pacto de investidura.
Uno de los puntos críticos fue asegurar que los acuerdos económicos y de financiación se mantendrán incluso si en el futuro llega a la Moncloa un gobierno diferente al socialista. Esta ha sido una de las principales preocupaciones de ERC, que ha insistido en lograr un acuerdo «sostenible en el tiempo».
El acuerdo deberá ser validado por los 8.700 militantes de ERC mediante una consulta telemática y presencial el viernes.
El preacuerdo llega en un momento delicado para ERC, que sufrió un severo revés electoral el pasado 12 de mayo, pasando de 33 a 20 escaños, y tras la decisión de Pere Aragonès de dejar la primera línea política. ERC había fijado finales de julio como fecha límite para alcanzar un preacuerdo, aunque el plazo legal máximo para evitar una repetición electoral es el 26 de agosto.
Si la militancia de ERC no valida el acuerdo, podría haber elecciones en octubre. Además, los socialistas necesitan los seis votos de los ‘comunes’ para lograr la mayoría necesaria en la investidura. Illa también debe enfrentarse a la posible vuelta de Carles Puigdemont (Junts), quien ha prometido estar presente en el Parlament durante el debate de investidura. Junts, por su parte, aboga por la repetición electoral, afirmando que hay una mayoría independentista suficiente para oponerse a Illa, a quien consideran representante de la aplicación del 155 y de la extrema derecha en 2017, según el senador Josep Lluís Cleries en RNE la semana pasada.