La Comunidad Valenciana es una de las primeras autonomías en tomar cartas en el asunto de los pisos turísticos que ya se extienden por toda España y que en esta región se han triplicado en una década. Y lo hace, a través de un Decreto Ley que encuentre «el equilibrio necesario en beneficio de todos para una actividad que forma parte de nuestra oferta turística», ha apuntado Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. El texto normativo ha sido redactado por la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que dirige Nuria Montes.
Seguridad, certeza y turismo sostenible son las claves que ha reafirmado el Consell. Y es que la autonomía no quiere renunciar a la industria turística que supone casi el 16% del PIB y el empleo en la Comunidad Valenciana, y contribuye con el 12% al total del sector en España.
El máximo mandatario valenciano no ha dudo en señalar a los anteriores ejecutivos de la Generalitat, pues ha calificado de «desorden, ocurrencias e imposiciones» los últimos ochos años y también que se pone fin a «la irresponsabilidad e inseguridad de las dos últimas legislaturas». Asimismo, ha reclamado al Gobierno central que convoque la conferencia sectorial de turismo para abordar este tema. A pesar de ello, ha incidido en que «es injusto que se achaquen a los pisos turísticos todos los males cuando, en realidad, suponen solo el 1,8% del parque inmobiliario mientras que la vivienda vacía supera el 14%».
Sanciones, declaración responsable e inspecciones…
El Decreto Ley mencionado reforzará el respeto a la autonomía municipal para limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos y otorgará la posibilidad de que sean los ayuntamientos los que asuman las competencias de sanción y recaudación previstas. Por ejemplo, se prohíben los famosos y comunes cajetines para llaves.
Por otro lado, contemplará la renovación de las declaraciones responsables cada cinco años y establecerá la titularidad personal de las licencias para evitar la especulación. Asimismo, incrementará las sanciones para quien falte a la verdad en la declaración responsable. A partir de ahora, serán los propietarios de las viviendas los responsables subsidiarios de las posibles infracciones como responsables de comercializar los alojamientos, y se establecerán unos parámetros de calidad que obligará a que las viviendas cumplan con la normativa de habitabilidad.
Además, se mejorarán los servicios de inspección mediante el uso de inteligencia artificial para detectar apartamentos ilegales y se llevará a cabo campañas de sensibilización para que los propietarios inscriban las propiedades en el Registro. También profundizará en la colaboración público-privada con plataformas de reservas en coordinación con los ayuntamientos, la Policía de la Generalitat y los Cuerpos de Policía Local para detectar las viviendas irregulares.