La semana pasada, el Consejo de Ministros eligió a la empresa Enagás para el ejercicio provisional de las funciones de desarrollo de los Proyectos de Interés Común (PCIs) europeo de redes de hidrógeno. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) también cuenta con participación sobre ella, pero en menor medida a lo que estamos acostumbrados con otras empresas públicas estatales. Solo un 5%, aunque es suficiente para tener su control. El resto pertenece a inversores particulares. Y es que detrás de ella hay una larga historia de privatización.
Es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quien ha propuesto el nuevo proyecto que llevará a cabo el ente que acumula más de 50 años de experiencia. Esta decisión recae entonces en la ministra Teresa Ribera, también tercera vicepresidenta del Gobierno, y que cobró 88.601 euros brutos, con siete trienios, en 2023, según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.
Precisamente, tal y como ha recordado recientemente el portal especializado Energías Renovables, en febrero de 2014 se cumplieron 10 años del fichaje, en un solo día, de cinco altos cargos del PP por parte de la compañía. La noticia la adelantó La Vanguardia, pero hoy, con un mayor nivel de exigencia en materia de transparencia y mayor sensibilidad por las puertas giratorias, sería todo un escándalo. A saber, los cinco consejeros fichados ligados a los ‘populares’ fueron la exministra Isabel Tocino, doctora en Derecho Nuclear; la exministra Ana Palacio, vicepresidenta entonces del grupo francés Areva, y miembro del Consejo de Administración de EDP España. Fue miembro del Consejo de Estado entre 2012 y 2018; Antonio Fernández Mancha, candidato a presidente del Gobierno con Alianza Popular (antes de Aznar); el que fuera presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Gonzalo Solana; y el exsecretario general de Industria, Luis Valero. En ese momento, el que fuera ministro de Industria en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, José Manuel Soria, afirmó que los cinco nuevos consejeros eran “muy cualificados”.
Retribuciones
El máximo responsable de Enagás es Antonio Llardén, cuenta con una amplia experiencia pues lleva desde 2007 en el cargo de presidente (presidente no ejecutivo desde febrero de 2002) y presidente del Consejo de Administración de la empresa. Tuvo una retribución en metálico de 730.000 euros. Es la cantidad que percibió en 2023 y la misma que en 2022 al no variar. Pero también ingresó el pasado año 62.000 euros por sistemas de ahorro y otros 502.000 euros del beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados. En total, 1,29 millones de euros, según los datos del informe anual remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y consultado por Estrella Digital. En la actualidad ejerce como presidente no ejecutivo.
Otro de los cargos más visibles de la compañía es el consejero delegado, Arturo Gonzalo Aizpiri. Lo es desde febrero de 2022 y el sí tiene la condición de ejecutivo, tras la cesión de estas funciones por parte de Llardén. Y, a pesar de estar por debajo de Llardén en el organigrama, esto no implica un sueldo menor, sino todo lo contrario. Su remuneración fue de 1,7 millones de euros, además de 222.000 euros por los sistemas de ahorro y 162.000 de otros conceptos. En total, dos millones de euros. Estas cantidades no tienen nada que ver con lo que vemos en política aunque haya consejeros ‘muy politizados’.
El resto de los consejeros, que son externos, se mueven en salarios de 160.000 y 175.000 euros. Dos de ellos son exministros del Gobierno central: José Blanco, (socio fundador de la consultora de Asuntos Públicos, Acento, y diputado del Parlamento Europeo entre otros cargos) y José Montilla (expresidente de la Generalitat de Cataluña y expresidente de la Diputación de Barcelona, entre otros cargos). Estas cifras están compuestas por los 100.000 euros por pertenencia al Consejo; una cantidad variable anual de hasta 30.000 función de la asistencia a las reuniones del Consejo; una cantidad fija anual por pertenencia a cada una de las Comisiones del Consejo de 25.000 euros; una cantidad variable anual de hasta 5.000 euros en función de la asistencia a las reuniones de las Comisiones; la cantidad fija anual de 15.000 euros por el desempeño de cargo de presidente de cada una de las Comisiones y, por último, la cantidad fija anual de 15.000 euros por el desempeño del cargo de consejero independiente coordinador. La sociedad tuvo unos gastos de personal de 421 millones de euros en el ejercicio de 2023 y se extrae de ellos una remuneración media de 77.000 euros, según el informe citado anteriormente.
Ingeniero industrial
Antonio Llardén Carratalá es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Cataluña. En la actualidad, es presidente de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), formada por las principales compañías del sector energético de España. Por otra parte, es patrono del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y de la Fundación Princesa de Girona. También es miembro del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible y del Consejo de Acción Empresarial de CEOE.
Durante su trayectoria profesional ha ocupado diferentes puestos de alta responsabilidad en los sectores de infraestructuras y energía en instituciones y en compañías como Gas Natural (actualmente Naturgy). Además, ha sido presidente de la patronal gasista Sedigas, miembro del Consejo Directivo de Eurogas y del Comité Ejecutivo de International Gas Union (IGU). Ha formado parte de la Comisión Ejecutiva y de la Junta Directiva del Club Español de la Energía. También ha presidido el LNG World Congress. Ha sido decano del Colegio de Ingenieros; miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de su Comisión Económica. En abril de 1991 fue nombrado subsecretario de Obras Públicas y Transportes con el Gobierno de Felipe González.
Cabe recalcar que también ha sido miembro de los Consejos de Administración de instituciones y empresas como Telefónica, el Instituto Nacional de Industria, el Instituto de Crédito Oficial o la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
Es caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia, otorgado por el Estado francés a personas que destacan por sus méritos al servicio del país y ha sido galardonado con el Premio Tiepolo, reconocimiento que otorgan conjuntamente la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) y la CEOE por su labor de integración y desarrollo de las relaciones económico-comerciales entre Italia y España.
La propuesta del Ejecutivo
Enagás se considera “un referente internacional en el desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras energéticas”. Su beneficio después de impuestos (BDI) ascendió a 65,3 millones de euros a 31 de marzo de 2024, un 19,5% más que en el mismo periodo de 2023, y “avanza según lo previsto para alcanzar el objetivo anual”, según la propia compañía. Tras su acuerdo con el Gobierno, la entidad está habilitada para ejercer las funciones de desarrollo de la red troncal de hidrógeno en el ámbito de los PCIs. Se trata de funciones de desarrollo, la solicitud de autorización, la construcción, puesta en servicio, operación, vigilancia y mantenimiento de los proyectos de canalizaciones e instalaciones de almacenamiento subterráneo.
Los citados Proyectos de Interés Común son proyectos de infraestructuras energéticas transfronterizas clave para construir un mercado interior de la energía de la Unión Europea más integrado y resiliente. Para que un proyecto pueda recibir el sello de PCI debe tener un impacto significativo en los mercados energéticos y en la integración del mercado en al menos dos países de la UE, impulsar la competencia en los mercados energéticos y ayudar a la seguridad energética de la UE mediante la diversificación de las fuentes, así como contribuir a los objetivos climáticos y energéticos de la UE mediante la integración de las energías renovables, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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