Jupol y Agrupación Reformista de Policías (ARP) han expresado su firme oposición al reciente acuerdo entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para la formación en desalojos, argumentando que podría causar un «grave perjuicio» a la institución policial y a la democracia.
Daniel Esteve de `Desokupa´ arremete contra el controvertido coach Amadeo Llados
Rechazo a la formación externa
Jupol ha instado a la Dirección General de la Policía a asumir la responsabilidad de la formación avanzada para los agentes con nivel IV de Defensa Personal Policial. Según el sindicato, esta medida evitaría «injerencias externas no deseables en la formación de los agentes». En un comunicado, Jupol ha manifestado que el acuerdo entre SUP y Desokupa implica una «formación no homologada y no baremable», lo cual consideran perjudicial para la institución policial.
Amenaza a los valores democráticos
Por su parte, ARP ha calificado el acuerdo como una «amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos». El sindicato ha solicitado que se revisen las subvenciones al SUP, alegando que estas actuaciones colocan al sindicato «en los márgenes de lo permisible». «Este acuerdo produce en el colectivo y en la sociedad una amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos y al cumplimiento del orden constitucional en el que debe basarse el trabajo de todos los miembros de los cuerpos policiales», ha expresado ARP en una nota.
Exigencia de revisión de subvenciones
ARP ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «revise» las subvenciones que el Ministerio otorga a SUP. Según ARP, permitir que una organización como Desokupa, a la que califican de «extrema derecha» y consideran que «debería ser ilegal», forme a policías, podría introducir «sesgos y prejuicios en la actuación policial». Esto, según ARP, pone en entredicho el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de Derecho y los Principios Democráticos.
Llamado a la defensa de la institución policial
ARP ha pedido al ministro del Interior que «defienda» la institución policial y evite que se asocie a todos los agentes de la Policía Nacional «con el fascismo más radical y extremo». «No se puede financiar con dinero público o de los propios afiliados ajenos a este acuerdo, actividades contrarias a la convivencia social y el buen hacer de los policías de nuestro país», ha sentenciado el comunicado. Además, han solicitado el apoyo de los «grupos políticos y sindicales democráticos» para evitar esta «peligrosa deriva».
La controversia sigue creciendo, mientras ambos sindicatos buscan proteger la integridad y la imagen de la Policía Nacional, subrayando la importancia de mantener una formación alineada con los principios democráticos y la profesionalidad.