El Ministerio del Interior ha iniciado un expediente informativo para examinar el convenio firmado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Desokupa. Esta investigación también incluye una consulta a la Abogacía del Estado para determinar si el acuerdo podría afectar las subvenciones públicas del sindicato.
El convenio, anunciado el pasado fin de semana, establece que Desokupa, una empresa especializada en despachos extrajudiciales, proporcionará formación en defensa personal a 30.000 policías. En respuesta a la noticia, el Ministerio del Interior indicó que evaluaría la posible impugnación del acuerdo. Este miércoles, se dio a conocer que la Dirección General de la Policía ha abierto un expediente tras recibir informes de la Abogacía General del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
El ministro Fernando Grande-Marlaska ha indicado que la Dirección General de la Policía recopilará toda la información necesaria para determinar si los agentes activos pueden legalmente impartir la formación extracurricular que el sindicato policial ha acordado con Desokupa. Además, se analizará el impacto de este acuerdo en las subvenciones públicas que recibe el SUP.
El papel de la Abogacía del Estado
Durante el desarrollo del expediente informativo, el Ministerio ha pedido a la Abogacía del Estado que evalúe si el convenio podría comprometer las subvenciones públicas otorgadas al sindicato policial y, de ser así, cuál sería el proceso administrativo adecuado para corregir cualquier irregularidad detectada.
El Ministerio del Interior tiene la intención de asegurar que el acuerdo respecto de los valores democráticos y ha garantizado que toda formación impartida a los agentes estará dentro de los estándares establecidos por la Dirección General de la Policía.
El acuerdo ha causado una importante polémica y división entre los sindicatos policiales. La mayoría, incluyendo una parte del propio SUP, ha rechazado el convenio. El comité provincial del SUP en A Coruña se ha distanciado completamente del acuerdo y ha pedido la dimisión de la secretaría general del sindicato. En Vizcaya, el secretario de Organización del SUP ha renunciado tanto a su cargo como a su afiliación, alegando una «deriva ultra» en el sindicato y un acuerdo «inaceptable» con Desokupa, una organización que, según él, «promueve la discriminación y el odio» y pretender «debilitar a un Gobierno legítimamente constituido».
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