El Plan Estratégico de la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) es una hoja de ruta que sienta las bases para una administración más ética y transparente en el ámbito de la comunidad autónoma más poblada de España. El documento, de 37 páginas y consultado por Estrella Digital, se presentó el pasado 12 de julio. La Oficina echó a andar en 2021 ante la creciente percepción de corrupción e ineficiencia administrativa y la creciente demanda social de prácticas gubernamentales más transparentes y responsables. Ya no vale eso de ‘robar a manos llenas’; ‘el dinero público no es de nadie’; ‘todos los políticos son iguales’; o ‘coge el sobre que nadie se va a enterar’.
El daño reputacional por el caso de los ERE de Andalucía propició, a la larga, un cambio de gobierno en la Junta después de casi cuatro décadas de ejecutivos socialistas. Pese a que el Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias de Chaves y Griñán, el PSOE sigue en la oposición y el actual presidente de la Junta, el ‘popular’ Juan Manuel Moreno Bonilla, convirtió el mensaje de regeneración democrática y rendición de cuentas en parte de su ADN para conquistar el Palacio de San Telmo en enero de 2019.
No obstante, el listón tan alto exigido en la oposición puede convertirse en una pesadilla con efecto bumerán ya que la semana pasada, la Cámara de Cuentas de Andalucía publicó su último informe de fiscalización del “uso irregular” del Ejecutivo de Moreno Bonilla con los contratos de emergencia sanitaria durante la pandemia por la Covid-19. En este sentido, el PSOE regional exigió al presidente que dé “explicaciones inmediatas” en el Parlamento autonómico sobre las empresas que recibieron más de 240 millones de euros de dinero público, “sin transparencia, de manera totalmente opaca y arbitraria, además de sin publicidad ni concurrencia”, tal y como argumentó el portavoz de los socialistas andaluces en la cámara, Josele Aguilar. ¿Se hubieran adjudicado esos 240 millones de haber estado en vigor el Plan mencionado?
A finales de junio se dio a conocer la interinidad de la dirección de la Oficina por parte de la hasta ahora directora adjunta, Marta Blázquez Expósito, letrada de la Junta de Andalucía y que sustituye a Ricardo Puyol, nombrado por el Parlamento regional. Puyol estaba en situación de servicios especiales y presentó su dimisión ante la Cámara por las restricciones del pacto entre PSOE y PP sobre las llamadas puertas giratorias de los jueces, que les impiden regresar a sus plazas hasta dos años después de cesar de un cargo público. Según la sección de Transparencia de la página web de la Oficina, las retribuciones del titular de la Dirección son 7.029 euros brutos mensuales, que “es la cantidad que se corresponde con las retribuciones de magistrado (sueldo, trienios y complemento de destino) que tendría en caso de hallarse en servicio activo. Además, el director percibe una indemnización por traslados de 565 euros al mes. En caso de que el director de la Oficina sea funcionario de carrera, “sus retribuciones no podrán ser inferiores a las del puesto de trabajo que venía desempeñando en su Administración de origen”.
Diagnóstico y objetivos
El diagnóstico preliminar de la OAAF revela tanto fortalezas como debilidades y amenazas. Entre las debilidades se encuentran la falta de recursos humanos y físicos y una limitada capacidad de sanción y protección. Las amenazas externas incluyen la desafección política, la inestabilidad gubernamental y los nuevos modelos de fraude tecnológico. Sin embargo, la OAAF también posee fortalezas significativas, como la independencia financiera y un equipo comprometido. Las oportunidades incluyen un entorno favorable a las medidas antifraude a nivel europeo y la posibilidad de mejorar su prestigio social y cooperación interinstitucional. Los objetivos estratégicos de la OAAF se centran en superar las debilidades y amenazas identificadas, y en aprovechar sus fortalezas y oportunidades. Estos objetivos se agrupan en varias líneas estratégicas:
Mejorar la infraestructura y los recursos humanos: Ampliar el espacio físico, adecuarse a la normativa de sedes administrativas e integrar la oficina en el sistema de intercambio de información (SIR).
Aumentar la visibilidad y el conocimiento de la OAAF: Fortalecer la comunicación interna y externa, y mejorar el conocimiento social e institucional de la oficina.
Fortalecer la capacidad de acción y protección: Incrementar las competencias de la OAAF en la protección y sanción de fraudes, y armonizar su trabajo con otros organismos territoriales.
Desarrollar políticas de transparencia y datos abiertos: Utilizar la tecnología y el análisis de datos para prevenir el fraude y promover la transparencia.
Fomentar la cooperación interinstitucional: Establecer alianzas y mecanismos de colaboración con otras entidades públicas y privadas para fortalecer la lucha contra el fraude.
El plan estratégico incluye un sistema de evaluación y seguimiento para asegurar la implementación efectiva de sus programas y objetivos. Este sistema se basa en indicadores SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo determinado), permitiendo un monitoreo continuo y ajustes necesarios para alcanzar los resultados esperados.
Estrategia, objetivos y acciones 2024-2027
La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) ha delineado su estrategia para el período 2024-2027 con el objetivo de consolidar su posición institucional, aumentar sus recursos y cohesión interna, y atender de manera efectiva su ámbito de actuación. La estrategia se estructura en ocho programas específicos, cada uno con objetivos claros y medibles que permitirán un seguimiento y evaluación constante.
Dentro de los objetivos estratégicos cabe destacar el trabajo para consolidar el incremento y mejora de la imagen de la Oficina, nuevos canales de comunicación, ampliar la plantilla con un marco autorregulatorio propio, implementar indicadores para medir la efectividad del trabajo, tramitar todas las denuncias y desarrollar un plan de prevención y protección al denunciante, así como mejorar los sistemas de investigación e inspección.
Una de las acciones que pretenden medir es la reducción del 25% en los plazos de respuesta a solicitudes y denuncias; realizar comparecencias parlamentarias anuales y participar en redes de oficinas antifraude a nivel estatal e internacional. También se plantea llevar a cabo la elaboración de protocolos de actuación, incluyendo el traslado provisional, asesoramiento legal, apoyo psicológico y asistencia letrada, además de convenios de colaboración para medidas de protección. Concretamente, se fija la meta en un aumento del 25% en solicitudes de protección. A nivel de recursos humanos, se propone ampliar la plantilla a 25 personas funcionarias creando 12 nuevos puestos de trabajo para dentro de tres años, una protección del 75% de los trabajadores con seguro de vida y aumentar en un 70% el presupuesto de la entidad respecto a 2024.
Actualmente, y según la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario vigente desde abril de este año, hay 18 plazas de funcionario en las que está incluido un director adjunto del Grupo A1, nivel 30, con un complemento específico de 36.757 euros anuales cuyo principal requisito es tener una experiencia de, al menos, 10 años en materias relacionadas con la Administración Pública y la Justicia y título universitario. En cambio, hay dos puestos de trabajo adscritos a personal eventual. Se trata de la Jefatura de Gabinete de Comunicación y la Asesoría de Gabinete y Relaciones Institucionales. Ambos puestos son cargos de libre designación, con un grupo asimilado A1 y nivel 28 con un complemento específico de 18.175 euros al año para cada uno.
Cabe recordar que en junio Estrella Digital ya informó sobre el aumento de plantilla de la Oficina Antifraude de Cataluña en 10 personas y la mitad de ellas era para la protección de personas que habían denunciado casos de corrupción.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos