El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha planteado la necesidad de prohibir el acceso a redes sociales a aquellos que cometan delitos de odio, especialmente en los casos más graves, y que los usuarios estén debidamente identificados. Esta propuesta surge en un momento en que la Fiscalía investiga mensajes de odio en redes sociales relacionados con un reciente asesinato en Mocejón (Toledo), donde se difundieron informaciones falsas que vinculaban a inmigrantes con el crimen.
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En una entrevista con Cadena SER, Aguilar destacó la importancia de mejorar las herramientas legales para que tanto el Ministerio Público como los tribunales puedan solicitar la prohibición de acceso a entornos digitales para quienes usen internet o redes sociales para cometer delitos de odio. Subrayó que ya existen precedentes, como la prohibición impuesta a un ‘influencer’ que humillaba a personas sin hogar, y abogó por trasladar esta medida a la legislación actual.
Además, Aguilar señaló la importancia de que los usuarios de redes sociales estén identificados adecuadamente, lo que facilitaría las investigaciones judiciales. También hizo hincapié en la gravedad y entidad necesarias para que un acto sea considerado delito de odio según el Código Penal español, y que en cada caso es fundamental un análisis riguroso de los hechos y su contexto.
Finalmente, el fiscal instó a que se implementen todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar estas conductas, haciendo referencia a normativas como la Ley de Servicios Digitales y a la necesidad de campañas de prevención y sensibilización para combatir la discriminación y el odio en la sociedad.
Esta propuesta refleja la creciente preocupación por el impacto de los delitos de odio en redes sociales y la necesidad de una legislación más sólida para abordar este fenómeno en la era digital.