La Ley de Paridad, que busca garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito público y privado, entra en vigor este jueves 22 de agosto con un preocupante «error técnico». Este fallo afecta directamente a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días para el cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, dejándolos desprotegidos frente a posibles despidos.
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El error se localiza en la disposición final novena de la ley, donde se modifica el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. Aunque se incluyó a las víctimas de violencia sexual en los supuestos de despido nulo, se omitió la protección para aquellos que hagan uso del nuevo permiso de cinco días, un derecho recientemente incorporado por el Real Decreto Ley 5/2023.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció este error el miércoles 14 de agosto, asegurando que se trata de un fallo técnico que «se ha producido contra la voluntad de todos los que han participado en la redacción de la ley». Redondo subrayó que el Gobierno está trabajando en una corrección que se implementará en las próximas acciones parlamentarias. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha confirmado que el error será subsanado «tan pronto como el calendario legislativo lo permita».
Objetivos de la Ley de Paridad
A pesar de este contratiempo, la Ley de Paridad tiene como objetivo principal asegurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección tanto en el sector público como en el privado. Las grandes empresas, la Administración General del Estado, y otras entidades de interés público estarán obligadas a contar con un mínimo del 40% de mujeres en sus altos cargos antes del 30 de junio de 2028.
La ley también incluye disposiciones específicas para los Colegios Profesionales y los Consejos de Administración, que deberán alcanzar un mínimo del 33% de representación femenina antes de 2026, incrementándose al 40% en 2028. Además, se han previsto medidas correctoras que benefician a las investigadoras que puedan sufrir interrupciones en su carrera debido a motivos personales, como el embarazo o el cuidado de hijos.
La ministra de Igualdad destacó la importancia de esta normativa durante el debate en el Congreso de los Diputados, enfatizando que es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida social, económica y política en España.
Este «error técnico» ha generado preocupación, pero las autoridades han prometido una pronta solución para que los derechos laborales de aquellos que cuidan a sus familiares no queden comprometidos.