El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha expresado su preocupación este jueves sobre las posibles consecuencias económicas de una «independencia fiscal» para Cataluña, advirtiendo que podría ocasionar una disminución en la financiación de la región que oscilaría entre los 6.000 y 13.000 millones de euros. Bravo ha destacado que este impacto podría traducirse, por ejemplo, en «150.000 médicos o 25 hospitales menos cada año» solo en el ámbito sanitario.
Durante su intervención en Onda Cero, según un comunicado difundido por el PP, Bravo alertó a los ciudadanos sobre las implicaciones de esta situación: «La gente tiene que darse cuenta de que estamos en el escenario de que se van a perder servicios y van a pagar ellos con sus impuestos el precio que (Pedro) Sánchez necesita para ser presidente».
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política tras el acuerdo de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que incluye una propuesta de financiación especial para Cataluña. Bravo considera que este acuerdo «rompe el sistema de financiación tal y como lo entendemos».
La polémica se intensificó un día después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiera la idea de una «financiación singular» para Cataluña, negando, sin embargo, que el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana implique la implementación de un «concierto económico» similar al del País Vasco.
ERC, por su parte, ha elevado la presión sobre el Gobierno al advertir que podrían bloquear los próximos Presupuestos Generales si el PSOE «no cumplía» con el acuerdo, insistiendo en que lo pactado representa de hecho un concierto económico.
Ante esta situación, Bravo ha expresado su desconfianza en las promesas del presidente del Gobierno, señalando: «Es para no fiarse de las palabras del presidente del Gobierno».
Bravo ha lamentado que, pese a las declaraciones previas de Sánchez y Montero asegurando que no habría independencia fiscal ni una agencia tributaria catalana, ahora estas propuestas «lo veamos por escrito». También ha defendido la necesidad de un sistema de financiación que se acuerde de manera multilateral entre todas las comunidades autónomas, criticando que durante seis años no se haya mejorado el sistema actual, a pesar de que Montero lo había presentado como una prioridad al asumir su cargo. Según Bravo, las reformas propuestas ahora buscan más «comprar votos» que otra cosa.
Bravo ha rechazado cualquier comparación entre el sistema que Cataluña reclama y los cupos vasco y navarro, argumentando que estos últimos están constitucionalmente reconocidos, mientras que los independentistas catalanes buscan un sistema de financiación «a la carta» que excluye al resto de las comunidades autónomas. Según el vicesecretario, este pacto fiscal en Cataluña no es más que una forma de «comprar el discurso del ‘procés'», lo que a su juicio demuestra que Sánchez ha reavivado un conflicto que ya estaba prácticamente superado, primero con su posición respecto a la amnistía y ahora con la cuestión de la independencia fiscal.