Hace tres años y medio Sueldos Públicos se hizo eco de las posibles retribuciones a las que optaba Salvador Illa al presentarse a las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 tras dejar el Ministerio de Sanidad: President de la Generalitat, vicepresidente en caso de un gobierno de coalición, conseller o portavoz de su grupo en el Parlament en la oposición. El PSC venció con mayoría simple, pero no pudo convertir esa victoria en una investidura con garantías y el bloque independentista de ERC y Junts se llevaron el gato al agua y Pere Aragonès se mudó al Palau de la Generalitat. Lo primero que hizo fue rebajarse el sueldo público un 15% y pasar de los 153.000 euros brutos anuales que cobraba su antecesor en el cargo Quim Torra a 130.250 euros. Tres años después, esa cantidad ha aumentado hasta los 136.177 euros. En 12 pagas son 11.348 mensuales. En 14, son 9.727 euros. Por el contrario, Illa pasó la legislatura pasada como jefe de la Oposición y presidente de su grupo parlamentario.
Como jefe de la Oposición, tenía derecho a disponer de un director de Gabinete o jefe de la Oficina (Oficina del Cap de l’Oposició) equivalente a Grupo A1 Nivel 15 con un sueldo de 2.926 euros; un complemento específico de 1.258 euros; y un complemento de calidad de 299 euros. En total, 14 pagas de 4.484 euros (Datos de 2021). Lo curioso es que Illa también disponía de un asesor para su Oficina, también de Grupo A1 y con idéntica retribución: 4.484 euros. Tres años después, Illa sí ha podido conformar una mayoría para ser president, pero, ni en la campaña electoral de mayo ni en el programa electoral del PSC hay mención alguna a la propuesta o compromiso que fijó en un debate en febrero de 2021: cobrar menos.
Así, durante el debate de campaña organizado por la SER Catalunya en febrero de 2021, los socialistas presentaron una propuesta que generó controversia. Illa, como candidato a la Presidencia de la Generalitat, anunció que reduciría su salario en un 30%, igualándolo al del lehendakari, si resultaba elegido. En ese momento, el presidente del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu, tenía una retribución asignada de 106.778 euros anuales. Por lo tanto, si Illa hubiera alcanzado la Presidencia de la Generalitat y hubiera cumplido con su compromiso, tendría que haber recortado sus emolumentos en unos 48.000 euros. En la reciente historia de la democracia española, ningún cargo electo ha rebajado su salario en esta proporción. Eso sí, si Illa rescatara esa propuesta de hace tres años, tendría que cobrar lo mismo que el actual lehendakari Imanol Pradales, 115.824 euros, casi 20.300 euros menos al año.
Esta propuesta contrastaba entonces con la postura del PSC, que en diciembre de 2020 votó en contra de una reducción salarial para altos cargos, propuesta por la CUP en el Parlament. Laura Borràs, entonces diputada de Junts per Catalunya, respondió sugiriendo una reducción en la asignación a la Casa Real y el salario del jefe del Estado, Felipe VI. Illa justificó su propuesta afirmando que busca “estar al lado de la gente” y comparó el salario del president de la Generalitat con otros líderes europeos. Según Illa, el salario del president de Cataluña era el doble del primer ministro italiano y el triple del primer ministro portugués. La reducción del 30% equipararía su salario al del lehendakari, el segundo más alto de un cargo electo en España. “La dignidad de las instituciones se demuestra así. Debemos pedir ingresos justos y predicar con el ejemplo, mostrando que tenemos gastos justos en un momento en que la gente lo está pasando muy mal”, argumentó Illa.
Hasta entonces, el PSC nunca había utilizado el salario del president de la Generalitat como tema central en las diferentes legislaturas. Por otro lado, Ciudadanos siempre había sido el principal defensor de revisar a la baja los sueldos e incluso ha propuesto la eliminación de las oficinas de los expresidentes de la Generalitat. En este contexto, el que fuera ministro de Sanidad, durante el primer año de la pandemia por la Covid-19 interpeló a Borràs con su propuesta, intentando desmontar su discurso sobre la dejadez del Gobierno. “Eso depende solo de nosotros, no de Madrid”, afirmó Illa. La candidata de Junts respondió con una contrapropuesta: “¿Dejamos de pagar los gastos del rey fugado? Si hablamos de sueldos indignos, el más indigno es el del jefe del Estado español”, replicó Borràs.
La postura de Illa contrasta con la mantenida hasta ahora por el PSC. Por ejemplo, en diciembre de 2020, los socialistas votaron en contra de una moción de la CUP que proponía reducir en un 14% el salario de los diputados y altos cargos catalanes. Durante el debate en el Parlament, celebrado el 3 de diciembre, la diputada socialista Alícia Romero también rechazó una enmienda de Ciudadanos que buscaba extender la reducción a los miembros del Govern. “¿Y por qué no lo hacen donde gobiernan en Madrid o Andalucía? Allí los han congelado. Hay que decir lo mismo en todas partes”, argumentó Romero. “Debemos prestigiar la política. Ha costado mucho que la gente trabajadora pudiera dedicarse a la política y que no lo hagan solo quienes defienden intereses de los ricos. Hacen demagogia y populismo. Y sería bueno que fueran un poco más sinceros con la gente, especialmente ahora que se acercan las elecciones”. La moción de la CUP solo recibió el apoyo de los comunes, PP y Ciudadanos (52 diputados sobre 135). Junts, Esquerra y el PSC votaron en contra.
Eventuales
El nuevo Govern de Illa ha aprovechado el mes de agosto para configurar poco a poco los equipos de los diferentes departamentos. Una vez nombrados a los consellers, es necesario completar el organigrama con los segundos y terceros escalones, ya sea con secretarios y directores generales, pero también con directores de Gabinete y el resto de personal eventual y asesores.
En este sentido, la ausencia de noticias políticas durante la canícula no ha sido óbice para que la polémica sobre nuevos casos de nepotismo saltara a las principales cabeceras de nuestro país. En el Palau tienen la tarea de nombrar hasta 580 altos cargos y asesores designados a dedo con sueldos públicos que superan los 93.000 euros, más que lo que percibe el presidente del Gobierno, que el año pasado cobró unos 90.400 euros (90.010 estaban presupuestados, sin contar las subidas aplicadas posteriores). En algunos casos más de 120.000, casi como un conseller (120.773 euros).
Sin ir más lejos, Junts solicitó la semana pasada la comparecencia en el Parlament de Illa y de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, para dar explicaciones sobre la composición del Govern y el nombramiento de eventuales. Esta petición surgió tras la publicación por parte del Diari de Girona de una noticia sobre la contratación de Yolanda Collboni, hermana del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como asesora del Departamento de Presidencia y a Alfons Jiménez, pareja sentimental de Paneque, como su propio jefe de Gabinete en la Conselleria. Collboni será “asesora en proyectos transversales” con un salario bruto anual de 72.745 euros. Concretamente, su retribución corresponde a un puesto de funcionario A con nivel de destino 28. Hasta ahora, era jefa de Gabinete de Alcaldía y percibía 60.739 euros. Por su parte, Jiménez podrá ingresar 88.107 euros como director de Gabinete de su novia.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos