El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido ampliar la querella por prevaricación que presentó contra el juez Peinado, quien está a cargo de la investigación que implica a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Según Sánchez, las acciones del magistrado «contravienen la doctrina existente» y representan una «injusticia intrínseca».
La Abogacía General del Estado, en nombre del presidente, presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado jueves, solicitando la ampliación de la querella por prevaricación que fue interpuesta originalmente a finales de julio.
Este movimiento de Sánchez llega después de que el 22 de agosto Juan Carlos Peinado, quien encabeza el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, autorizara a las partes involucradas en la investigación contra Begoña Gómez a acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, la cual tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa el 30 de julio.
Durante esa declaración, Sánchez optó por no testificar, amparándose en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permite a los cónyuges de los investigados no declarar. Sin embargo, el juez Peinado desestimó la solicitud de la Fiscalía de restringir el acceso al vídeo de la declaración, argumentando que la grabación «carece de cualquier utilidad material o procesal».
La Fiscalía había advertido que permitir el acceso a la grabación podría llevar a filtraciones y a una divulgación inapropiada de la misma, algo que consideraba necesario evitar. Peinado, por su parte, sugirió que incluso del «silencio» de Sánchez podrían deducirse «conclusiones».
En respuesta a estos eventos, la Abogacía del Estado insistió en su escrito en que las actuaciones del juez buscan, de manera indebida, dar publicidad a aspectos que afectan directamente a la Presidencia del Gobierno. En su opinión, estas acciones son incompatibles con el régimen habitual de toma de declaraciones en estos casos, ya que buscan «inferencias donde no puede haberlas» y realizan «interpretaciones forzadas o artificiosas» de la ley.
El escrito de la Abogacía subraya que el juez Juan Carlos Peinado ha llevado la situación «hasta el punto de convertir el derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales», haciendo referencia a una doctrina que no es aplicable en este contexto y que contradice claramente la «institución de la dispensa de declaración».
Además, el escrito enfatiza en que las decisiones tomadas por Peinado, que incluyen la disposición de la grabación a las partes implicadas, no tienen más finalidad que su posible difusión mediática, en lugar de servir a la investigación judicial. La Abogacía sostiene que este enfoque refuerza la orientación de la querella inicial presentada contra el juez.
De modo que el futuro de la investigación está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir el próximo 30 de septiembre si permite al juez Peinado continuar al frente de la causa contra Begoña Gómez. Un caso que comprende las conexiones de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una cátedra, y su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, la empresa matriz de Air Europa que recibió una ayuda del Gobierno durante la pandemia.