Durante la inauguración del curso político, Sánchez destacó que este nuevo sistema de financiación autonómica será clave para asegurar la equidad entre los territorios. Según explicó, «la descentralización, que es parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es compatible con garantizar la solidaridad entre las comunidades».
Compromiso con una mayor corresponsabilidad fiscal
El presidente subrayó que este nuevo modelo exigirá una mayor corresponsabilidad fiscal por parte de los gobiernos autonómicos. En este sentido, aseguró que todas las comunidades autónomas recibirán más recursos que los obtenidos bajo el gobierno anterior del Partido Popular. Para lograrlo, Sánchez anunció su intención de duplicar los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, una herramienta clave de solidaridad recogida en la Constitución española.
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«Vamos a impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico que atienda las singularidades de cada territorio y garantice la suficiencia del gasto público», afirmó Sánchez, remarcando la importancia de que todas las comunidades autónomas se beneficien de un reparto equitativo de recursos.
La «solidaridad» del cupo catalán, según Montero
Paralelamente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió en el Senado el acuerdo alcanzado con ERC para una financiación singular en Cataluña. Este pacto establece que la aportación de Cataluña a la solidaridad interterritorial se definirá a través de un porcentaje de participación en los tributos.
Montero subrayó que esta «solidaridad» del ‘cupo catalán’ tiene como objetivo garantizar un nivel similar de servicios públicos en todas las comunidades autónomas, siempre que se lleve a cabo un esfuerzo fiscal equivalente. «La aportación debe ser explícita y reflejarse de forma transparente», señaló Montero, enfatizando que la Generalitat debe contribuir a la solidaridad para que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos alcancen niveles similares.
Este anuncio marca un paso significativo en la política de financiación autonómica del Gobierno de Sánchez, con el objetivo de reducir las desigualdades territoriales y fortalecer la solidaridad entre todas las comunidades autónomas de España.