El Partido Popular ha registrado este jueves su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, aprobada en mayo en el Congreso de los Diputados con el objetivo de poner fin a las consecuencias penales del proceso independentista catalán.
A pocos días de que expirara el plazo, el 11 de septiembre, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado la presentación de este recurso —firmado por diputados y senadores del Grupo Popular—, señalando que constituye “una obligación moral del PP como único partido de Estado, fiel a la Constitución y a la igualdad, el único partido de Estado que queda en el arco parlamentario de nuestro país”.
En este sentido, Gamarra ha sostenido que la Ley de Amnistía es una norma cuya única premisa es “otorgar inmunidad a una casta política” para que Sánchez pueda seguir en La Moncloa, “entregando el privilegio de la impunidad y destruyendo el principio de igualdad de los españoles ante la ley”.
“El PP se comprometió con todos los españoles a liderar y defender la igualdad de todos ante la ley y que lo haría utilizando todos los instrumentos a su alcance, y este recurso es uno más de esos instrumentos”, expresó Gamarra, subrayando el carácter “necesario” de esta solicitud que plasma las “infracciones y vulneraciones” de la Carta Magna en las que incurre la Ley de Amnistía.
Asimismo, Gamarra ha sostenido que la inconstitucionalidad de la norma radica en su arbitrariedad, al tratarse de una ley que ha sido impulsada por los mismos que se benefician de ella. Una suerte de “autoamnistía” que es contraria “al artículo 14, que recoge el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y, por tanto, prohíbe cualquier tipo de discriminación”.
La recusación de los magistrados
Junto al recurso de inconstitucionalidad, el Partido Popular ha solicitado la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional, alegando que este debe ser “imparcial” e “independiente”. Específicamente, los populares pretenden apartar del proceso a Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal, y a dos miembros procedentes del Gobierno de Sánchez: el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general de La Moncloa Laura Díez.
En relación a Pumpido, la secretaria del PP ha recordado que fue el propio magistrado quien “se apartó” de “conocer aquellas causas que estén vinculadas con el procedimiento del procés”, tal y como recoge el auto 48 del año 2021 del Tribunal Constitucional. Por su parte, en cuanto a la solicitud de recusación contra Campo y Díez, Gamarra ha justificado que ambos magistrados fueron nombrados “a propuesta del Gobierno” y que, por tanto, cuentan con “una clara dependencia jerárquica” del presidente del Gobierno.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial
El registro de este recurso de inconstitucionalidad por parte del PP se produjo en el marco del inicio de un nuevo año judicial, marcado por la reciente elección del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras casi seis años de desacuerdos entre el PP y el PSOE. Pues el PP anunció la solicitud al Constitucional minutos antes de la apertura del Año Judicial 2024-2025, en un acto presidido por el Rey Felipe VI en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS), al que asistió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero no así el presidente del Gobierno.
De modo que el recurso en cuestión constituye el primer gran desafío que deberá enfrentar la recién nombrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ante la posibilidad de un nuevo choque entre el TC y el TS, similar al que ocurrió con la sentencia de los ERE. Un caso que, según los populares, refleja una tendencia judicial “preocupante”.
En respuesta a la medida anunciada por el Partido Popular, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que tiene la intención de llevar este recurso para su admisión a trámite en el próximo Pleno del 24 de septiembre. Mientras tanto, otras comunidades autónomas gobernadas por el PP aseguran que también tienen previsto recurrir la Ley de Amnistía antes de la finalización del plazo el día 11 de septiembre, generando así una serie de registros “en cascada” para incrementar la presión en contra de la Amnistía.