El Gobierno español decidió el viernes suavizar la creciente tensión con Caracas, describiendo la medida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de convocar al embajador español y llamar a consultas a su representante en España como una acción «soberana».
«Convocar a un embajador y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar», indicó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una entrevista con Radio Nacional de España. Esta declaración fue una respuesta a la decisión de Maduro de convocar a la embajadora española, Gladys Gutiérrez, y de llamar a consultas al embajador español en Caracas, Ramón Santos, debido a lo que considera «insolentes, injerencistas y groseras declaraciones» de la ministra española de Defensa, Margarita Robles.
Por su parte, el Partido Popular (PP) ha solicitado la retirada del embajador español en Caracas tras las palabras de Robles, quien calificó al gobierno de Maduro como una «dictadura» y se refirió a los venezolanos que han huido del país como «víctimas de la restricción, la violencia, la falta de democracia y de libertad». Así pues, a pesar de que el gobierno español no ha comentado estas afirmaciones, la derecha española las ha aplaudido y las ha considerado como «la pura verdad», según afirmó Esteban González Pons, dirigente del PP.
No obstante, el jefe de la diplomacia española ha reiterado el interés del Gobierno en mantener «las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela» y proteger los intereses de la comunidad española y las empresas que operan en el país sudamericano. Un mensaje que fue reforzado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien garantizó que España «defenderá sus intereses en caso de que esto fuera necesario».
Esfuerzos para reducir la tensión diplomática
Mientras tanto, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo García, miembro del movimiento Vente Venezuela, expresó su confianza en que la crisis no se agravará. Según García, «al régimen de Maduro no le interesa romper relaciones con España ni a España con Venezuela», destacando que la crisis podría ser una distracción de cuestiones más relevantes, como el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo.
La tensión entre Caracas y Madrid se intensificó después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibiera al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien busca asilo en España. Aunque Sánchez aún no lo reconoce como presidente electo, el Congreso español ha solicitado su reconocimiento, apoyado por el Partido Popular y otros grupos políticos. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, recordó que, aunque la UE no reconoce gobiernos ni estados, puede reconocer la legitimidad democrática basada en el control territorial y de las instituciones, algo que Maduro aún ostenta.
Advertencia desde Venezuela y presión internacional
El canciller venezolano, Yván Gil, advirtió al embajador español que el país caribeño no permitirá «ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España». A través de una nota compartida en Telegram, señaló que Venezuela tomará medidas para proteger su soberanía conforme al derecho internacional.
El expresidente boliviano Evo Morales, aliado de Maduro, también criticó la postura del Parlamento español y condenó la «injerencia» en los asuntos internos de Venezuela. Morales lamentó que España «se convierta en refugio de la derecha latinoamericana que sigue conspirando contra las democracias» y recordó que España «no tiene la autoridad para desconocer a ningún presidente».
Mientras tanto, la presión sobre el gobierno de Maduro crece. Edmundo González Urrutia, quien ha mantenido contactos políticos en Madrid, ha recibido el respaldo de líderes como los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González. Además, el Partido Popular espera que el Parlamento Europeo reconozca a González como ganador de las elecciones, y Vox ha instado al gobierno español a embargar los bienes de los miembros del régimen venezolano en España.
Además, las sanciones anunciadas recientemente por Estados Unidos contra funcionarios venezolanos han aumentado la presión internacional sobre el régimen chavista. Entre los sancionados se encuentran miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y del Parlamento por proclamar «falsamente» a Maduro como vencedor de las elecciones de julio. De igual manera, Josep Borrell ha solicitado que se impongan sanciones específicas a Maduro y su entorno por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.