El Ministerio de Juventud e Infancia ha trasladado a la Fiscalía un informe en el que advierte que el protocolo de acogida de menores migrantes, aprobado por el Gobierno de Canarias, «podría constituir una vulneración grave de los derechos fundamentales de la infancia en España».
Este sábado, fuentes del Ministerio, encabezado por Sira Rego, confirmaron la remisión del documento a la Fiscalía. Según estas fuentes, la legislación vigente y el Estatuto de Autonomía de Canarias establecen que la competencia en materia de protección de menores corresponde «exclusivamente» a las comunidades autónomas, sin importar la situación en que se encuentren los menores.
Desde el Ministerio han destacado que «con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo», reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia, la cooperación institucional y la solidaridad territorial.
El informe remitido a la Fiscalía de Menores por parte del Ministerio señala que el protocolo canario podría estar vulnerando el artículo 39.4 de la Constitución Española, el cual garantiza la protección de los menores según lo estipulado en los acuerdos internacionales sobre sus derechos.
Además, se indica que el protocolo «no atiende al interés superior del menor», que está reconocido tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como en la legislación orgánica relacionada con los derechos de la infancia. Según el informe, «supone una vulneración de los derechos de las personas menores de edad al limitar la protección en el territorio autonómico», y contradice los derechos reconocidos en la CDN, al no llevar a cabo acciones proactivas para garantizar el bienestar de los menores migrantes.
El documento también resalta que la medida es «contraria al Estatuto de Autonomía de Canarias», ya que no se estaría ejerciendo de manera adecuada la competencia exclusiva en la protección de menores.
El protocolo fue publicado el pasado jueves en el Boletín Oficial de Canarias, como parte de una iniciativa del Gobierno autonómico para poner fin al «desorden» que, según ellos, ha caracterizado los procesos de acogida de menores migrantes no acompañados que llegan al archipiélago. Esta nueva regulación establece un proceso que incluye la identificación previa, inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), y una resolución administrativa sobre la ubicación individualizada del menor. Todo esto, con la participación del menor en audiencia y en presencia de un intérprete, según el idioma que mejor pueda entender.
Sin embargo, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, ha anunciado una posible investigación por delito de abandono si el Ejecutivo canario no acoge a los niños y jóvenes que llegan al archipiélago en pateras.
Tensión entre Canarias y el Estado por el protocolo de menores migrantes