El juez Pablo Llarena ha señalado que no se puede descartar que los Mossos d’Esquadra implicados en el caso hayan cometido delitos por incumplimiento de sus obligaciones o por encubrimiento a Puigdemont.
Los Mossos d’Esquadra reconocen fallos en la ‘Operación Jaula’ de Puigdemont
Llarena apunta posibles delitos de los Mossos
En una providencia emitida este jueves, Llarena explica que los informes proporcionan «una explicación detallada» de los acontecimientos que rodearon la aparición pública de Puigdemont, así como las razones que permitieron su entrada y salida de España sin ser detenido. Estos documentos «impiden excluir la participación de otros responsables no aparentes en los delitos previstos en los artículos 408 y 451.3ºb del Código Penal«, según el instructor.
El artículo 408 del Código Penal se refiere a la dejación de funciones por parte de una autoridad o funcionario, que puede ser sancionada con una pena de inhabilitación de entre seis meses y dos años. Por otro lado, el artículo 451.3ºb contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión, así como de dos a cuatro años de inhabilitación, para el responsable público que ayude a un delincuente a eludir la investigación policial o a sustraerse a su captura.
La fuga de Puigdemont en medio de la multitud
Llarena detalla en su providencia cómo Puigdemont se sirvió de una multitud de manifestantes independentistas congregados en el Paseo de Lluís Companys para facilitar su desaparición. Aunque el juez reconoce «la dificultad de abordar la detención del procesado en el seno de la aglomeración», no da por hecho que los Mossos d’Esquadra no colaboraran en la fuga.
Puigdemont apareció junto a varios compañeros de partido y subió a un escenario para ofrecer un discurso. Al finalizar, se retiró tras el escenario acompañado de su abogado, Gonzalo Boye. La zona estaba controlada con vallas y acceso restringido, dificultando la actuación policial. El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, explicó al día siguiente que la presencia de unas 4.500 personas complicó la operación y que «no era el momento más idóneo» para llevar a cabo la detención.
La persecución y el «protocolo Jaula»
Tras el mitin, Puigdemont se refugió en una carpa antes de subirse a un vehículo que lo sacaría de la zona. Los Mossos iniciaron una persecución del Honda blanco, que era conducido por una mujer con una silla de ruedas en el asiento del copiloto. A 600 metros del Parlament de Cataluña, la policía perdió la pista del coche y activó el «protocolo Jaula», primero en Barcelona y luego en toda Cataluña.
Durante la jornada, Puigdemont se escondió en tres pisos particulares y no abandonó Barcelona hasta las ocho de la tarde, una vez que las autoridades ya habían desactivado la operación.
La remisión de la investigación a los Juzgados de Barcelona
Llarena solicitó informes a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior para esclarecer cómo se incumplió la orden de detención. No obstante, el Tribunal Supremo no es competente para llevar a cabo esta investigación. Por esta razón, los documentos han sido enviados a los Juzgados de Barcelona «a los efectos legales oportunos», como ha indicado Llarena en la providencia.