En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, Manuela Bergerot ha anunciado que Más Madrid registró una solicitud para la creación de una comisión de investigación en la Asamblea, con el fin de esclarecer presuntas irregularidades en los contratos de obras en centros de Formación Profesional (FP) de la Comunidad de Madrid. Una propuesta que parece contar con el apoyo del PSOE y de Vox, mientras que el Partido Popular (PP), que gobierna la región, sostiene que la medida es “innecesaria”.
Las sospechas sobre las que trabajará la comisión de investigación se centran en las reformas del complejo educativo Ciudad Escolar, cuya contratación, según Más Madrid, fue fraccionada para eludir los controles que se aplican a contratos de mayor cuantía, afectando a un total de cinco millones de euros en obras. En este sentido, Bergerot ha asegurado que con la creación de esta comisión pretenden arrojar luz sobre lo que denomina como el “caso FP”, señalando que no se trata de un incidente aislado.
“Esta trama recuerda a los años dorados de la corrupción inmobiliaria del Partido Popular, donde unos escuchábamos ‘educación’ y otros escuchaban ‘contratos a dedo y bolsas de dinero’”, afirmó la portavoz de Más Madrid, exigiendo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que “dé la cara” y ofrezca explicaciones sobre lo sucedido.
Asimismo, Bergerot destacó que estos contratos se remontan a la legislatura anterior, cuando el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la consejera de Hacienda, Rocío Albert, ocupaban cargos clave en la Consejería de Educación.
No obstante, la diputada de Más Madrid señaló que espera que Enrique Ossorio “no haga de juez y parte” y que el PP no opte por bloquear la propuesta en la mesa haciendo uso de su mayoría absoluta. “Si el Partido Popular de Ayuso no tiene nada que temer, que ofrezca explicaciones y no proteja a los responsables de este caso”, concluyó Bergerot.
Hemos registrado una comisión de investigación sobre el Caso FP.
— Manuela Bergerot (@manuelabergerot) September 23, 2024
El PP de Ayuso debe dar la cara por los cinco millones de euros en contratos fraccionados para dar obras a dedo. pic.twitter.com/YF9tvAmGYM
La oposición cierra filas en la Asamblea para exigir una investigación, con el PP en contra
El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha mostrado el apoyo de su partido a la iniciativa, señalando que es crucial “analizar qué ha pasado con los contratos fraccionados” y determinar si se ha incumplido la Ley de Contratos del Sector Público. En este sentido, el portavoz socialista ha destacado la falta de transparencia y claridad como el “modus operandi” del gobierno de la Comunidad de Madrid, enfatizando así en la necesidad de que se inicie una investigación en profundidad.
En la misma línea, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha respaldado la creación de la comisión, subrayando que su partido quiere tener acceso completo a los detalles de estos contratos para “saber a dónde va cada euro de los madrileños”. Asimismo, Monasterio ha criticado la labor de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas, de la que Vox dimitió alegando que el PP limitaba su capacidad de acción. “Más que un gobierno con mayoría absoluta parece un gobierno absolutista”, destacó Monasterio, haciendo énfasis en la supuesta ausencia de separación de poderes y de independencia de las instituciones en la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, se ha mostrado menos partidario de esta investigación, alegando que ya existen mecanismos suficientes para abordar las irregularidades. “En esta Asamblea hay instrumentos para revisar estos temas, y siempre que se detecta una irregularidad, se pone en conocimiento de las autoridades competentes”, ha remarcado, recordando que fue la propia Ayuso quien llevó el caso a la Fiscalía en el mes de julio tras detectar posibles delitos.
La falta de plazas de FP aumenta la presión sobre el gobierno regional
Este debate sobre los contratos de FP surge en un contexto de creciente preocupación por la falta de plazas en los centros que imparten este tipo de formación en la Comunidad de Madrid. Hoy mismo, el grupo sindical de Comisiones Obreras de Madrid (CC.OO.) ha presentado un informe revelando que más del 52% de los jóvenes madrileños que solicitaron una plaza de FP no han conseguido entrar en su primera opción, lo que significa que más de 48.000 estudiantes se han quedado sin la opción preferida.
En este sentido, el sindicato denuncia que, aunque la demanda aumenta, el número de plazas no es suficiente para cubrirla, y destaca especialmente la falta de opciones en grados sanitarios, donde el porcentaje de exclusión en algunas especialidades, como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, supera el 90%. De modo que, desde CC.OO. reclaman la creación de 2.182 nuevos grupos y la contratación de 3.700 docentes adicionales para atender la demanda actual.
Vox, PSOE y Más Madrid piden más plazas públicas de FP para frenar la exclusión
A este respecto, los partidos de oposición han solicitado un incremento de plazas públicas de FP. Rocío Monasterio (Vox) ha enfatizado en la importancia de “poner en valor la formación profesional” y aumentar la oferta de formación en sectores donde la falta de mano de obra es crítica, como la construcción y la hostelería. “No puede haber chicos en Madrid que se queden sin plazas”, declaró Monasterio, criticando la falta de acción del gobierno regional, que asegura está invirtiendo recursos esenciales en la atención de los centros de “menas”, en lugar de invertirlos en aumentar el número de plazas de FP para los jóvenes madrileños.
Por su parte, Juan Lobato (PSOE) ha demandado una respuesta inmediata a lo que considera un problema urgente, argumentando que “decenas de miles de jóvenes” no han conseguido acceder a una plaza de FP, lo que podría tener un impacto negativo en la tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid, que asegura ya es superior a la media nacional.
En la misma línea, Manuela Bergerot (Más Madrid) destacó que uno de cada dos solicitantes se ha quedado sin plaza de FP en Madrid. Una situación que Bergerot considera de enorme gravedad, ya que “empuja” a los estudiantes a los centros privados, obligando a las “familias trabajadoras” a incurrir en gastos de al menos 500 euros por mes.