Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha enviado un mensaje contundente a las compañías españolas con operaciones en Venezuela, instándolas a reconsiderar su relación con el régimen de Nicolás Maduro. Durante un acto celebrado en el Ateneo de Madrid, Feijóo subrayó que “aquellas empresas que están colaborando con Maduro se equivocan” y advirtió que las compañías que financian “regímenes autocráticos” no están al servicio del pueblo venezolano ni de la creación de riqueza, sino que apoyan una “dictadura”.
En el foro, que contó con la intervención telemática de María Corina Machado desde Caracas, Feijóo reafirmó su compromiso con la oposición venezolana, prometiendo “redoblar la presión diplomática” para asegurar que el próximo 10 de enero sea Edmundo González, y no Nicolás Maduro, quien asuma la presidencia de Venezuela. También anunció que el PP presentará una proposición en el Congreso para que España active una orden de arresto internacional contra Maduro.
Borja Sémper, portavoz del PP, respaldó estas declaraciones, pidiendo a las empresas españolas que “se comprometan con el cambio político” en Venezuela y con el bienestar del pueblo venezolano, sin necesidad de abandonar el país. En una entrevista televisiva, Sémper reiteró que “colaborar con una dictadura es un error, ya sea en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo”, y subrayó el drama humanitario que vive el país sudamericano bajo el régimen chavista.
Aunque Feijóo no mencionó nombres específicos, su mensaje parece claramente dirigido a grandes multinacionales españolas con operaciones en Venezuela, como Repsol y Telefónica. A pesar de que en el país operan más de 60 empresas españolas, según datos oficiales del ICEX, incluidas Mapfre, BBVA, Meliá y Zara, las recientes controversias que involucran a Repsol —cuyos directivos se han reunido con Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez— y a Telefónica —acusada de colaborar con la censura mediante el bloqueo de páginas web y la entrega de datos de sus clientes al régimen— sugieren que estas dos compañías se encuentran en el centro de las críticas de los populares.
El papel de Repsol en el mercado energético venezolano y su vínculo con el régimen
Cuando Feijóo hace referencia a las empresas españolas que “financian” a la dictadura de Maduro, claramente está hablando de Repsol, ya que el petróleo es el eje central de las relaciones comerciales entre España y Venezuela. Este recurso constituye el 87,5% de las importaciones españolas provenientes de Venezuela, alcanzando el año pasado un valor superior a los 500 millones de euros.
En este sentido, España se posiciona como el tercer socio comercial más importante para Venezuela, concentrando el 11% de las exportaciones del país sudamericano, por un valor de 671 millones de dólares, según datos proporcionados por el ICEX y el portal estadístico ITC Map. Estas cifras inclinan claramente la balanza comercial entre ambos países a favor del régimen chavista, con importaciones desde Venezuela que rondan los 620 millones de euros, mientras que las exportaciones de productos españoles hacia el país sudamericano se sitúan por debajo de los 146 millones.
A pesar de este desequilibrio y de las tensiones diplomáticas existentes entre ambos países, Repsol ha seguido estrechando lazos con el régimen de Nicolás Maduro. Recientemente, el presidente venezolano sostuvo una reunión en el Palacio de Miraflores con José Carlos de Vicente Bravo, director ejecutivo internacional de Exploración y Producción de Repsol, y con Luis Antonio García, presidente de Repsol Venezuela, con el objetivo de avanzar en nuevos acuerdos energéticos. Durante el encuentro, que fue anunciado por la Vicepresidencia de Venezuela, se destacó la colaboración continua entre Repsol y la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a través de la empresa mixta Petroquiriquire, cuyo propósito es aumentar la producción petrolera en la nación caribeña.
Este encuentro, que se produjo poco después de que el Congreso de los Diputados español aprobara una propuesta del Partido Popular instando al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, ha reforzado las polémicas sobre el apoyo de Repsol al narco-régimen venezolano. De allí que el líder del PP cuestione la implicación de esta compañía en el sostenimiento de la dictadura chavista, dando a entender de forma indirecta que su participación en estos acuerdos energéticos beneficia a Maduro, en detrimento del pueblo venezolano.
Telefónica y su rol en la censura en Venezuela
Por su parte, Telefónica S.A., a través de su filial Movistar Venezuela, se ha visto envuelta en controversia por su presunta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro en la implementación de mecanismos de censura y represión informativa. Esta multinacional española ha sido señalada por permitir el bloqueo de sitios web y plataformas críticas hacia el gobierno, lo que limita gravemente el acceso de los venezolanos a información libre de control gubernamental.
Si bien Telefónica podría argumentar que está obligada a cumplir con las regulaciones locales, sus acciones contradicen los principios de la libertad de expresión y las normativas internacionales, incluidas las leyes de la Unión Europea, que defienden este derecho fundamental. Además, se ha denunciado que Movistar permitió la cesión ilegal de datos personales de sus usuarios a Movilnet, la operadora estatal, lo que permitió a los servicios de seguridad del Estado realizar actividades de vigilancia y represión.
Durante las elecciones presidenciales de julio, se reportaron múltiples incidentes en los que clientes de Movistar recibieron llamadas no solicitadas en las que se les ofrecían beneficios a nombre de Maduro. Estas comunicaciones, presuntamente grabadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), han despertado alarmas sobre el uso indebido de los datos personales de millones de venezolanos.
Aunque Telefónica ha promovido una imagen de responsabilidad corporativa a nivel global, su colaboración con el régimen de Maduro pone en entredicho su ética empresarial, a través de este tipo de prácticas que constituyen un claro ejemplo de la falta de compromiso de las empresas españolas con la libertad y el bienestar del pueblo venezolano, tal y como ha señalado Feijóo en sus recientes declaraciones.