Se acabó el plazo para aportar ideas que mejoren el Real Decreto que está preparando el Gobierno por el que se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. Puede sonarte a chino y lo es. Pero si lees el borrador del texto es una manera de decir que se refuerza, en teoría, los recursos para luchar judicialmente contra la corrupción y los delitos económicos. Este viernes, 27 de septiembre era el último día, según la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños, para participar en el trámite de audiencia e información pública que tenía como objetivo recabar la opinión de los ciudadanos afectados por un proyecto normativo ya redactado. También se puede escribir a través de asociaciones u organizaciones. El Ejecutivo tampoco ha dado demasiados días para participar ya que se publicó el 18 del mismo mes.
El texto final, que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, pretende fortalecer áreas clave como la lucha contra los corruptos y aquellos que cometen delitos como estafas, fraude o evasión de impuestos, además de nuevas plazas para fiscalías especializadas en violencia de género y otras áreas críticas. Con esta modificación, la plantilla del Ministerio Fiscal contará con un total de 2.762 plazas, distribuidas en varias fiscalías en toda España.
Este incremento de personal se enmarca dentro de una tendencia que ya comenzó con otro Real Decreto de 2023 con la incorporación de plazas para fiscales especializados en delitos de odio y discriminación, así como en derechos humanos y memoria democrática.
La especialización, clave
La especialización en el Ministerio Fiscal ha demostrado ser un mecanismo eficaz en la lucha contra fenómenos delictivos complejos. En esta línea, el nuevo decreto contempla la creación de una Fiscalía de Sala de Delitos Económicos y una Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, ambas con dos plazas adicionales de fiscales de segunda categoría para asegurar un funcionamiento adecuado.
Estas fiscalías tendrán una importancia crucial en la coordinación nacional de la lucha contra la corrupción, tema sensible en la agenda política de España. En este sentido, el país se enfrenta a desafíos importantes en cuanto a la percepción de corrupción, situándose en posiciones intermedias en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Comparativamente, países como Alemania y Francia han avanzado en implementar mecanismos de prevención más robustos, apoyados en fiscalías altamente especializadas, mientras que España sigue estancada.
Otra de las áreas beneficiadas por este aumento en la plantilla será la de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con la creación de plazas para fiscales especializados en ciudades como Almería, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Pamplona, en línea con el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
El refuerzo de estos juzgados coincide con las recomendaciones internacionales, como las planteadas por el Consejo de Europa, que subrayan la necesidad de destinar más recursos humanos y técnicos para la atención de los casos de violencia de género. En comparación con otros países europeos, España se ha destacado por contar con un marco legislativo avanzado, pero todavía se identifican deficiencias en la dotación de personal especializado, lo que este nuevo real decreto pretende paliar.
Dotación y cifras
La normativa aprobada el año pasado, que estableció la creación de nuevas unidades judiciales, ya había dejado en evidencia la necesidad de ajustar la plantilla del Ministerio Fiscal para atender el aumento de cargas de trabajo en territorios clave como Andalucía, Galicia y Madrid. A partir de ahora, Cádiz, Algeciras, Sevilla y Valencia verán aumentadas significativamente sus plantillas fiscales, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia del sistema judicial.
Cabe destacar que la ampliación no impondrá nuevas cargas administrativas, sino que optimizará los recursos públicos ya existentes. Sin embargo, queda por ver cómo se gestionará la dotación presupuestaria para financiar esta expansión sin comprometer otros sectores del sistema judicial, un aspecto que ha generado debate en otros países de la Unión Europea.
El total de plazas de la Carrera Fiscal queda constituido por 2.762, distribuidas de la siguiente manera: Primera categoría: 30 Fiscales de Sala, de los que el teniente fiscal del Tribunal Supremo tiene la consideración de presidente de Sala de dicho Tribunal. Segunda categoría: 2.306. Tercera categoría: 426.
Para lograr una efectiva lucha contra la corrupción y los delitos en los que existe menoscabo del erario es preciso ampliar a toda la estructura territorial de la Carrera Fiscal así como crear dos nuevas unidades en la Fiscalía General del Estado dedicadas a su coordinación en todo el territorio nacional. En este sentido, procede la creación de una plaza de Fiscal de Sala de Delitos Económicos y una plaza de Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública.
Cada una de estas nuevas Fiscalías de Sala contará con dos plazas de fiscales adscritos de la segunda categoría para su adecuado funcionamiento. Así, el incremento de trabajo de las tres unidades centrales de la Fiscalía General del Estado hace necesaria la ampliación de la plantilla actual. Al efecto, se crea una plaza de segunda categoría en la Inspección Fiscal, una en la Secretaría Técnica y dos más en la Unidad de Apoyo.
Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal es una institución independiente e integrada en el Poder Judicial, tiene autonomía funcional. Según la información oficial consultada por este digital, su función es “promover e impulsar la acción de la justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la justicia y la protección de los derechos de algunos colectivos, como menores y personas con discapacidad”, entre otros.
El Ministerio Fiscal es una institución única para todo el país. Actúa conforme a los principios de unidad de acción, jerarquía e imparcialidad. Está encabezada por el fiscal general del Estado. El Gobierno propone su nombramiento; el Congreso de los Diputados supervisa su idoneidad; el Rey lo nombra y cesa para un periodo de cuatro años. Solo se puede cesar por causas determinadas legalmente. Con ello se quiere garantizar su independencia en el ejercicio de sus funciones. Actualmente ocupa la plaza Álvaro García Ortiz. Fue nombrado en agosto de 2022. Ingresó en la carrera fiscal en 1998. Según la información publicada disponible de 2020, el cargo de fiscal general del Estado estaba retribuido con 127.140 euros en 12 mensualidades sin pagas extraordinarias. Son casi 10.600 euros mensuales. En cambio, según los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados desde el 1 de enero, esa cifra asciende a 132.235 euros, unos 11.000 euros mensuales. En cambio, la teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo (la segunda en el organigrama), María Ángeles Sánchez Conde, cobró 127.521 euros. A estas cantidades, en ambos casos, habría que añadir los trienios de antigüedad.
El fiscal general, en sus funciones, está asistido por el Consejo Fiscal. El Ministerio Fiscal está formado por Fiscalías especializadas en temas concretos -por ejemplo, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada-. También existen Fiscalías territoriales en los distintos Tribunales del Poder Judicial. Los fiscales actúan siguiendo las instrucciones del fiscal general del Estado, sometidos a la ley y con imparcialidad.
Corrupción
García Ortiz ha sido noticia este viernes por sus palabras en el acto de inauguración del curso ‘Aproximación al fraude en la contratación del sector público’, celebrado en la sede de la Fiscalía. El magistrado ha puesto en valor la creación de dos nuevas Unidades especializadas para combatir la corrupción. Esta iniciativa forma parte del Plan de regeneración democrática aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada y tiene como objetivo mejorar “la lucha contra el fraude a la Administración Pública y a la Hacienda Pública”.
García Ortiz ha avanzado también la publicación de una batería de circulares en los próximos meses para abordar este tipo de delitos y trabajar en “una visión única” de la Fiscalía para combatirlos. Las circulares se centrarán en materia de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones prohibidas. Toda una lista de delitos que conoces por escucharlos y leerlos en los medios de comunicación y relacionados, desgraciadamente, con decenas de políticos con sueldo público.
El fiscal general del Estado ha afirmado que la corrupción provoca discriminación, insolidaridad y arbitrariedad y deteriora gravemente la relación entre la ciudadanía, el ordenamiento jurídico y las instituciones públicas. Además, “impide el desarrollo de políticas legislativas y va contra el principio de igualdad”. Por ello el Ministerio Fiscal debe perseguir estos delitos con exhaustividad y compromiso, lo que supone un “enorme servicio al desarrollo del país y al Estado de Derecho”.
En ese sentido, García Ortiz ha valorado la colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude y ha lamentado el desmantelamiento de este tipo de agencias en otras comunidades autónomas mediante la falta de dotación de medios o, incluso, con el cierre de agencias en algunos casos.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos