El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes la estrecha colaboración que mantiene el Gobierno de España con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el análisis individualizado de cada una de las solicitudes de asilo presentadas por los ciudadanos saharauis en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según explicó el ministro, se trata de un trabajo conjunto que permite evaluar caso por caso, decidiendo entre reconocer la protección internacional o proceder con la expulsión si no se cumplen los requisitos legales establecidos.
En este sentido, Marlaska subrayó que la gestión de las solicitudes se basa en “la aplicación estricta del derecho internacional y humanitario”, conforme a lo estipulado en el Convenio de Ginebra sobre refugiados. Asimismo, añadió que las decisiones finales, ya sea conceder el asilo o autorizar una deportación, cuentan con “la tutela definitiva del Poder Judicial”, ya que es un juez quien revisa y valida las resoluciones emitidas por el Ministerio del Interior. De modo que el proceso asegura un marco de legalidad riguroso.
Las recomendaciones de ACNUR y el rol del Poder Judicial
En respuesta a las preguntas sobre las recomendaciones de ACNUR, que ha sugerido permitir la entrada en España de los saharauis en lugar de expulsarlos, el ministro recordó que las decisiones adoptadas por el Gobierno están supervisadas por los tribunales. “El juez avala en último término las decisiones que se adopten en el marco de la ley”, reiteró Marlaska.
Asimismo, el ministro puso énfasis en el compromiso del Ministerio del Interior con los derechos humanos a través del trabajo de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), con más de 30 años de experiencia en la protección de libertades fundamentales, asegurando que la cooperación con ACNUR es clave para gestionar cada solicitud de asilo de manera coordinada y detallada, en línea con las normativas internacionales vigentes.
Situación de los saharauis en Barajas
Actualmente, en las salas habilitadas para solicitantes de asilo en el aeropuerto de Madrid-Barajas permanecen 115 personas, de las cuales 73 se identifican como ciudadanos procedentes de Marruecos. Muchos de ellos aseguran ser saharauis perseguidos.
Aunque en días anteriores se había mencionado una posible huelga de hambre entre los solicitantes, los últimos informes indican que ninguno de ellos se encuentra en esta situación. Entre los casos que más han llamado la atención está el de un hombre nacido en El Aaiún, sordomudo y enfermo de cáncer, cuya solicitud está siendo revisada por las autoridades competentes.
Debate sobre las devoluciones
El ministro también se refirió a la política de devoluciones, afirmando que aquellos solicitantes que no cumplen con los criterios para recibir protección internacional serán deportados, siempre en cumplimiento de la legislación vigente y con el respaldo de los tribunales. “Se deportarán o serán devueltos quienes no sean acreedores de la protección internacional”, afirmó Marlaska.
Este enfoque ha recibido críticas por parte de formaciones políticas como Sumar y Podemos, que acusan al Ejecutivo de actuar con cautela para no deteriorar las relaciones con Marruecos. Asimismo, abogados defensores de los saharauis han alertado sobre casos en los que algunos deportados podrían enfrentar penas de prisión en sus países de origen.
En un esfuerzo por gestionar la afluencia de solicitantes de asilo en tránsito, provenientes de países como Mauritania, Senegal o Kenia, el Gobierno ha implementado medidas adicionales, como la exigencia de visados de tránsito para evitar posibles fraudes. Estas medidas buscan mitigar el riesgo de saturación en las instalaciones del aeropuerto ante la creciente llegada de ciudadanos africanos que hacen escala en Madrid.