La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber aprobado a tiempo el impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas y multinacionales, una medida exigida por la ley europea tras el acuerdo de los países del G20 en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Junto a España, Polonia, Portugal y Chipre también han sido denunciados por Bruselas por la misma razón.
La directiva europea y el retraso en su aprobación
La Comisión Europea ha recordado que este impuesto debía haberse implementado antes de que finalizara 2023. La directiva comunitaria exige que las corporaciones con un volumen de negocio anual de al menos 750 millones de euros graven su resultado neto contable ajustado con un mínimo del 15%, algo que aún no se ha cumplido en estos países.
En España, aunque el Gobierno adoptó en 2022 un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades aplicado sobre la base imponible, la normativa europea exige un ajuste en la fórmula de cálculo. El Consejo de Ministros aprobó en junio de este año una nueva ley para cumplir con la normativa comunitaria, pero esta todavía está en trámite parlamentario. Una vez aprobada, la ley se aplicará de manera complementaria al tributo de 2022.
Bruselas toma medidas tras varios avisos
La Comisión Europea ya había emitido un primer aviso en mayo a los países que ahora ha denunciado, y aunque reconoce los «esfuerzos significativos» de estos Estados para finalizar su legislación nacional, Bruselas ha decidido llevar el caso al TJUE como el tercer paso dentro de los procedimientos de infracción.
Bruselas argumenta que la implementación de este acuerdo internacional es crucial para «limitar la carrera a la baja en los tipos impositivos de las empresas» y contribuir a la reducción del riesgo de erosión de la base imponible y del traslado de beneficios a países con fiscalidad más favorable.
El papel del impuesto en la competitividad europea
La Comisión ha subrayado la importancia de esta medida para mantener la competitividad fiscal dentro de la Unión Europea, asegurando que los Estados miembros que han cumplido con la normativa, casi en su totalidad, evitan una mayor fuga de capitales y aseguran una justa redistribución de los ingresos fiscales generados por las multinacionales.