Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un comunicado conjunto expresando su «rotundo rechazo» a las políticas de vivienda del Gobierno. Señalan que no tolerarán la «amenaza» y el «chantaje» del Ejecutivo central sobre la posibilidad de retirarles fondos si no cumplen con la normativa estatal.
El comunicado se ha hecho público justo antes de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebrará este jueves. La respuesta de las autonomías populares llega tras el aviso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien advirtió que se podrían condicionar las ayudas a las comunidades en función de su cumplimiento de la ley estatal. «El Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos», replicaron las autonomías gobernadas por el PP, como Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla y León, entre otras.
Rechazo a la intervención de los precios del alquiler
Estas regiones se han reafirmado en su negativa a declarar «zonas tensionadas» en sus territorios, argumentando que intervenir los precios de los alquileres solo empeora la situación. Consideran que estas medidas aumentan los precios y reducen la oferta de vivienda, calificando de «fracasadas e inoperantes» las políticas del Gobierno. Además, insisten en que la competencia en materia de vivienda recae en las comunidades autónomas.
La postura del PP: «El mercado se autorregula»
Rocío Díaz, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, subrayó en una entrevista en RNE que las políticas actuales han llevado a la retirada de viviendas del mercado y al incremento de los precios. En línea con el mensaje del PP, defendió que «el mercado se autorregula» y que no se debe imponer una ideología en este tema.
Acusaciones cruzadas y falta de acuerdos
El PP también ha reclamado al Gobierno que dialogue y abandone la unilateralidad en sus políticas, destacando la importancia de un análisis riguroso sobre los efectos de la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023. Mientras tanto, la ministra Isabel Rodríguez ha tendido la mano a las comunidades para alcanzar acuerdos, planteando la posibilidad de una «gran alianza de país» que incluya la colaboración del sector privado.
En el comunicado, los ‘populares’ culpan al Gobierno de haber convertido la vivienda en uno de los mayores problemas para los ciudadanos. Según sus cifras, los precios de los alquileres han aumentado un 32% desde junio de 2018 y un 13% desde la aprobación de la Ley de Vivienda. También señalan el crecimiento de la ocupación ilegal, que cifran en 78.800 viviendas, y el aumento del fenómeno de la «inquiocupación» en los últimos meses.
La respuesta del PSOE: proteger el suelo público
Por su parte, fuentes del PSOE han defendido las políticas del Gobierno y han criticado al PP por facilitar la especulación. Los socialistas se comprometen a asegurar que el suelo público siempre sea protegido y no caiga en manos de especuladores, algo que, según ellos, ha sucedido en algunas comunidades gobernadas por el PP.
Además, destacan que el Ejecutivo ha multiplicado por ocho los presupuestos en materia de vivienda en los últimos años, subrayando la importancia de que estos recursos se destinen a la creación de un parque público de viviendas conforme a los estándares europeos.