El Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida popularmente como la “Ley Mordaza”. El pacto, anunciado el 3 de octubre por la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, incluye cambios clave en la legislación, como la eliminación progresiva de las pelotas de goma, la modificación de las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad, y un compromiso para reformar la Ley de Extranjería en los próximos seis meses, abordando la temática de las devoluciones en caliente.
Durante el anuncio a los medios, Aizpurua afirmó que este pacto supone “acabar con la Ley Mordaza”, un paso significativo hacia la derogación completa de la normativa de 2015, tal y como había solicitado Bildu en legislaturas anteriores. Además, la líder vasca celebró el acuerdo que, asegura, busca “proteger los derechos de la ciudadanía” y poner fin a una norma que ha sido criticada como regresiva desde su aprobación bajo el gobierno del Partido Popular.
Modificaciones clave en la Ley Mordaza
La más llamativa de las modificaciones contempladas en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Sánchez y Bildu es la retirada progresiva de las pelotas de goma como material antidisturbios, en respuesta a las críticas de organizaciones de derechos humanos que señalan que este método podría causar lesiones graves. De modo que, a pesar de la oposición por parte de las fuerzas de seguridad, el pacto contempla el uso de alternativas menos lesivas, en línea con los estándares internacionales. A este respecto, Aizpurua subrayó que las pelotas de goma “van a dejar de existir”, destacando que este cambio pretende evitar tragedias como la muerte de Íñigo Cabacas en 2012, tras recibir el impacto de una de estas pelotas.
Asimismo, el acuerdo señala que se revisarán las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad, dos de los artículos más polémicos de la actual Ley Mordaza. De manera que, a partir de ahora, las sanciones deberán estar justificadas de forma clara y objetiva, y las multas por desobediencia se reducirán de graves a leves, incluyendo la posibilidad de retractarse para evitar la sanción.
Otro punto relevante es la revisión de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a modificar la Ley de Extranjería en un plazo de seis meses, garantizando que las solicitudes de asilo se tramiten conforme al Derecho Internacional Humanitario. Una reforma que pretende poner fin a las expulsiones colectivas de migrantes, alineando la normativa con los estándares internacionales de protección, pese a las dudas sobre la viabilidad del modelo que otros sectores políticos plantean.
Reacciones en el panorama político
El pacto en cuestión ha provocado una amplia variedad de reacciones dentro del panorama político nacional, pues mientras la izquierda celebra el pacto como un avance en la protección de los derechos ciudadanos, la derecha tilda el acuerdo como “escandaloso” y “traicionero”.
En este sentido, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado el pacto como un “acuerdo histórico” que recoge las principales demandas de la izquierda independentista y marca el “punto de partida para la derogación total” de la norma. No obstante, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, anunció que su formación no va a sumarse al acuerdo, argumentando que no participaron en la negociación y que, por tanto, presentarán sus propias enmiendas con el objetivo de lograr la derogación total de la ley.
En la misma línea, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, criticó que el acuerdo no represente una verdadera derogación de la Ley Mordaza, al no incluir la prohibición total de las pelotas de goma ni el fin inmediato de las devoluciones en caliente. “Mucho titular y poca transformación”, afirmó Belarra en referencia al pacto, advirtiendo que su partido presentará múltiples enmiendas y que su apoyo dependerá del resultado final de las negociaciones.
Desde la derecha, la respuesta ha sido contundente, pues el Partido Popular (PP) calificó el pacto de “escandaloso”, argumentando que la reforma “facilita el insulto a los policías”, “debilita la autoridad” y “protege a los violentos”. Para los populares, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la formación vasca no es más que una “desesperada” estrategia de Sánchez por “mantenerse en el poder”. En este sentido, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, afirmó que este tipo de acuerdos afectarán al Gobierno en las urnas, mientras que Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, sentenció que “el PSOE ha firmado su acta de defunción como partido constitucionalista”.
Por su parte, Vox ha optado por una postura aún más crítica, acusando al Gobierno de “traicionar a la nación” y de permitir que “los terroristas” decidan las leyes de seguridad en España. Santiago Abascal, líder de la formación derechista, calificó el acuerdo de “bajeza”, acusando a Pedro Sánchez de dejar a las fuerzas de seguridad “a los pies de los terroristas y delincuentes”, y dejando claro que no apoyará ninguna medida gubernamental tras este pacto.
Malestar entre los cuerpos de seguridad
Ante el anuncio, los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han expresado su rechazo al acuerdo, argumentando que la eliminación de las pelotas de goma compromete la seguridad de los agentes y la paz social. Según JUPOL, este acuerdo “dinamita el principio de autoridad” y debilita la capacidad de los agentes para mantener el orden público. En este sentido, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha criticado la reforma, señalando que “parece estar dirigida contra los policías”, y resaltando que las pelotas de goma son necesarias para afrontar situaciones violentas.
Por su parte, el sindicato CEP ha ido más allá, calificando la reforma como “el mayor ataque a la operatividad” de las fuerzas de seguridad desde la instauración de la democracia en España, solicitando incluso la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber cedido a las presiones políticas de Bildu y otros grupos independentistas. Del mismo modo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lamentado que el acuerdo “ata de pies y manos” a los agentes, reduciendo su capacidad de acción en situaciones críticas.
El Gobierno defiende el pacto con Bildu
A pesar de las acusaciones, el Gobierno ha defendido el acuerdo como parte del compromiso que asumieron en 2018 de derogar la Ley Mordaza. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la postura del Gobierno, asegurando que la nueva normativa será “moderna y acorde con los valores constitucionales” y que buscará un equilibrio entre la seguridad policial y el respeto a los derechos humanos. De igual forma, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la reforma pretende garantizar que las fuerzas de seguridad puedan cumplir su labor sin menoscabar los derechos fundamentales, como el derecho a la manifestación.