La posible excarcelación de más de 40 presos de ETA en 2025 ha reavivado el debate sobre las implicaciones de la reforma de la ley orgánica 7/2014, que está siendo revisada en el Senado. Esta normativa, que regula el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales dentro de la Unión Europea, podría permitir que varios miembros históricos de ETA vean reducidas sus condenas al descontarse los años que cumplieron en prisión en Francia.
Preocupación de las asociaciones de víctimas
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha sido una de las voces más críticas con esta posible modificación. La AVT ha señalado que algunos de los presos afectados por esta reforma tienen condenas por delitos de sangre, lo que ha generado una fuerte oposición por parte de las víctimas y sus familiares. En particular, siete de estos presos podrían ser liberados en los próximos meses, lo que ha llevado a la AVT a solicitar que el Senado rechace la reforma.
La AVT ya había advertido sobre esta situación en 2022, cuando alertó que la posible aplicación de esta normativa podría significar una reducción de las penas de los presos de ETA, en algunos casos en casi ocho años de media. La asociación sostiene que esto no solo afectaría en el tiempo de encarcelamiento, sino que además aceleraría el acceso de estos presos a beneficios penitenciarios como el tercer grado o la libertad condicional.
Reacciones en el ámbito político
El debate sobre la reforma ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Partidos como el PP y Vox votaron a favor de la modificación de la ley en el Congreso, lo que ha generado críticas de algunas asociaciones de víctimas y de organizaciones como Dignidad y Justicia (DyJ). Estas entidades han pedido explicaciones sobre las consecuencias que podría tener la reforma, indicando que no existe justificación para reducir las penas de terroristas condenados por crímenes graves.
Por otro lado, el Gobierno ha defendido la necesidad de adaptar la normativa española a las directrices europeas en materia de intercambio de información y cooperación judicial. Según fuentes del Ejecutivo, la reforma busca asegurar que las resoluciones judiciales dictadas en otros países miembros de la UE se tengan en cuenta en España, con el objetivo de garantizar una mayor coherencia en la aplicación de las penas.
El impacto en los condenados de ETA
Entre los más de 40 presos que podrían beneficiarse de la reforma, destacan algunos de los nombres más conocidos de la organización terrorista. Xabier García Gaztelu, alias ‘Txapote‘, responsable de múltiples asesinatos, y José Javier Arizkuren Ruiz, conocido como ‘Kantauri‘, figuran entre los presos que verían adelantada su fecha de excarcelación. Según los cálculos de la AVT, ambos podrían ser liberados en 2025, varios años antes de lo previsto inicialmente.
Además, la lista incluye a otros históricos dirigentes de ETA que, tras cumplir parte de su condena en cárceles francesas, podrían ver reducidos los plazos de su encarcelamiento en España. Esta situación ha sido calificada como «inaceptable» por parte de las asociaciones de víctimas, ya que consideran que no se está haciendo justicia plena para las víctimas de los atentados terroristas cometidos por estos individuos.
Un debate abierto sobre la justicia y la reconciliación
El posible adelanto de la excarcelación de los presos de ETA ha reabierto el debate sobre cómo se debe abordar la cuestión de la justicia y la reconciliación en un país que aún vive las consecuencias del terrorismo. Mientras algunos argumentan que la adaptación de las leyes a las normas europeas es un paso necesario para una mayor integración en la Unión Europea, otros sostienen que la memoria y el sufrimiento de las víctimas deben estar en el centro de cualquier decisión relacionada con la excarcelación de terroristas.
El debate en el Senado será determinante para definir el destino de la reforma de la ley orgánica 7/2014 y su repercusión en los presos condenados por terrorismo. Mientras las asociaciones de víctimas siguen organizándose para impedir la aprobación de una medida que califican de injusta, los partidarios de la reforma argumentan que se trata de una cuestión técnica y legal, que no busca restar importancia a los crímenes cometidos, sino asegurar una aplicación uniforme de la justicia en el ámbito europeo.