El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado que sigue adelante con la reforma que permitirá la reducción de penas a más de 40 presos de ETA, a pesar de las críticas de las asociaciones de víctimas y la fuerte oposición del Partido Popular (PP). La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha cargado duramente contra los populares en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, acusándolos de utilizar el terrorismo como una herramienta política para ocultar su falta de liderazgo. “Lo que es verdaderamente indigno es que usen el terrorismo para tapar su vacío de proyecto y liderazgo”, declaró Alegría.
Asimismo, la portavoz del Gobierno destacó que la medida en cuestión adapta una directiva europea que permite restar los años de condena cumplidos en otros países. En este sentido, el Ejecutivo sostiene que se trata de una medida justa y necesaria para cumplir con las normativas comunitarias, subrayando que el texto legal que se aprobará es idéntico al que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2014. “Es el mismo texto, idéntico al que aprobó el Gobierno del señor Rajoy”, reiteró la ministra.
No obstante, la polémica continúa, dado que la enmienda impulsada por Sumar permite la reducción de penas para algunos de los presos más conocidos de ETA, como Xabier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, y José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’, quienes podrían ver reducidas sus condenas y salir en libertad para 2025.
Las duras críticas del Partido Popular al Gobierno
En respuesta a las declaraciones del Gobierno, el PP ha lanzado duras acusaciones, afirmando que el Ejecutivo “miente” al sostener que la reforma actual es una copia de la que aprobó Rajoy en 2014. Según el portavoz popular, Miguel Tellado, la ley fue modificada en su tramitación parlamentaria para evitar que la acumulación de penas beneficiara a los presos de ETA. En este sentido, el PP denuncia que la protección que ellos introdujeron en su momento ha sido eliminada en la versión actual del texto.
Asimismo, Tellado reconoció que su partido no estuvo lo suficientemente alerta durante la tramitación de la ley, pero hizo hincapié en la necesidad de “buscar soluciones” en lugar de centrarse en responsabilidades pasadas. En la misma línea, Elías Bendodo, vicesecretario del PP, afirmó que “nos la han colado, pero estamos a tiempo de pararlo”, en referencia al papel de Bildu en el respaldo de esta reforma. Además, Bendodo también acusó al Gobierno de actuar con “mala fe” y afirmó que Sánchez está legislando bajo la influencia de la formación abertzale.
De este modo, el PP ha señalado que, si el texto fuera exactamente el mismo que en 2014, no tendría sentido la enmienda presentada por Sumar, que, según los populares, persigue la excarcelación anticipada de terroristas de ETA.
Sumar defiende la legalidad de la reforma
Por su parte, Sumar ha defendido la legalidad y necesidad de la reforma, tildando de “cutre” e “hipócrita” la postura del PP, que ahora alega desconocer el alcance de la norma. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, aseguró que el texto normativo fue discutido durante semanas y que todos los grupos parlamentarios, incluidos el PP y Vox, tuvieron acceso a las enmiendas. “Lo que hemos presentado es de sentido común”, declaró Errejón, subrayando que el principio de que ninguna persona cumpla dos veces por el mismo delito es básico en el derecho penal europeo.
Asimismo, Errejón criticó al PP por intentar dar marcha atrás bajo la presión de sectores más radicales de su propio partido y añadió que el PP está utilizando esta controversia para obtener rédito político, a pesar de haber apoyado la transposición de la directiva europea en el Congreso.
De igual manera, Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, cuestionó la credibilidad del PP, afirmando que el partido cuenta con expertos juristas y que es “inverosímil” que no supieran lo que estaban votando. En este sentido, Pisarello insistió en que la reforma tiene una lógica jurídica y cuenta con el respaldo del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial desde 2014.
El futuro de la reforma en el Senado
El proyecto de reforma aún debe ser aprobado definitivamente en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Los populares ya han retirado la discusión del orden del día, tras las críticas de las asociaciones de víctimas y su propio intento por frenar la ley. No obstante, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha reiterado que el Gobierno no cederá ante las presiones del PP ni de otros sectores conservadores, recordando que “ETA desapareció hace 13 años” y que esta reforma no responde a pactos políticos, sino al cumplimiento de las normativas europeas que España está obligada a adoptar.
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