Madrid y Andalucía se sitúan a la cabeza en cuanto a la falta de plazas de acogida para menores bajo tutela, con una escasez de 1.145 y 839 vacantes, respectivamente. Según la propuesta del Gobierno, que basa su distribución en la densidad poblacional, ambas comunidades autónomas deberían generar un total de 1.984 nuevas plazas.
El modelo, presentado por el Ministerio de Juventud e Infancia, establece que el número total de vacantes necesarias en todo el territorio español alcanza las 23.600. En el desarrollo de este esquema, se consideraron tanto las plazas disponibles en la actualidad —tanto estructurales como de emergencia—, como las necesidades adicionales. Aplicando varios ajustes, se determinó un ratio de 1 vacante por cada 2.250 habitantes. La Comunidad Valenciana también se vería afectada por la necesidad de incrementar su capacidad con la creación de 764 plazas más, uniéndose a Madrid y Andalucía como una de las regiones más afectadas por esta redistribución.
Modificaciones en la ley de extranjería
Esta propuesta es parte de las negociaciones que mantienen el Gobierno, Canarias y, hasta hace poco, el Partido Popular (PP), con el fin de modificar la ley de extranjería e implantar un sistema obligatorio de acogida de menores no acompañados en todas las comunidades autónomas. El plan del Ejecutivo contempla que solo aquellas regiones que alcancen el mínimo de plazas estipulado podrán acceder a fondos estatales asociados a la acogida.
En el conjunto del país, aún se necesitan unas 4.437 vacantes adicionales para cumplir con la nueva distribución. Castilla-La Mancha presenta un déficit importante, con 367 plazas faltantes, mientras que otras regiones como Castilla y León (292), Murcia (285), Aragón (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32) también deberán aumentar su capacidad de acogida.
Solo cuatro comunidades autónomas y las dos ciudades con estatus especial superan el mínimo establecido: Cataluña con 1.065 vacantes, País Vasco con 498, Melilla con 150, Navarra con 85, Canarias con 65 y Ceuta con 45. Aunque estos datos reflejan plazas estructurales, tanto Canarias como Ceuta cuentan con un gran número de plazas de emergencia (4.000 y 400, respectivamente) debido a la presión migratoria. En este contexto, a Canarias le correspondería acoger a alrededor de 1.000 menores, aunque actualmente está tutelando a más de 5.000.
Continúan las conversaciones
A pesar de la retirada del Partido Popular de las conversaciones, el Gobierno central y el Ejecutivo canario continúan con las negociaciones. El lunes se reunieron Fernando Clavijo, presidente de Canarias; Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial; Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, y representantes del Ministerio de Hacienda. Durante el encuentro, ambas delegaciones avanzaron de manera coordinada en la propuesta de Rego, quien destacó que el coste de habilitar nuevas plazas sería «muy reducido» para las comunidades, representando solo el 0,05% de sus presupuestos de 2023.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia aclaran que la propuesta no busca aumentar las plazas de manera desproporcionada, sino garantizar un sistema «más seguro y efectivo». Las nuevas vacantes estarían destinadas a menores que requieran protección, no necesariamente migrantes.
El objetivo de este nuevo esquema es asegurar que las plazas sean permanentes y no temporales, como sucede actualmente en Canarias.