El Congreso ha aprobado este jueves por unanimidad la Ley ELA, un marco legal que agiliza la evaluación de la dependencia y garantiza cuidados continuos para los pacientes en fase avanzada de la enfermedad, además de ofrecer protección a los cuidadores de personas con enfermedades complejas e irreversibles. La votación, marcada por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, concluyó con un largo aplauso por parte de los diputados, destacando la relevancia del acuerdo alcanzado. A pesar del consenso general, el Partido Popular ha subrayado la necesidad de que se asignen 250 millones de euros anuales para garantizar la plena ejecución de las medidas establecidas.
El texto legislativo, que ya cuenta con el respaldo unánime de las asociaciones de pacientes y los grupos parlamentarios, solo necesita pasar por el Senado para su aprobación definitiva. Con ello, se pondrá fin a una larga espera de casi tres años para las más de 3.000 personas afectadas por ELA y sus familias, quienes esperan que esta ley mejore significativamente su calidad de vida. Además, la ley beneficiará a personas con enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, ampliando su cobertura a aquellos que, tras ser diagnosticados, no hayan respondido a tratamientos y necesiten una estrecha coordinación entre los servicios sanitarios y sociales.
Medidas más importantes de la Ley ELA
Entre las medidas más importantes, se incluye la aceleración del reconocimiento de discapacidad y dependencia, con un nuevo procedimiento de urgencia que establece un plazo máximo de tres meses para la revisión de casos. Los pacientes en estado avanzado recibirán atención continua durante las 24 horas del día, y aquellos que dependan de dispositivos eléctricos verán garantizado su suministro, con tarifas bonificadas y la instalación de sistemas alternativos en caso de cortes de energía.
Asimismo, la ley introduce medidas de apoyo a los cuidadores, permitiéndoles mantener la base de cotización de su anterior empleo si abandonan el mercado laboral para dedicarse al cuidado del dependiente, sin afectar a su futura pensión. También se creará un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas, que recopilará información sobre la prevalencia de estas patologías en España.
Serán las comunidades autónomas las encargadas de desarrollar y aplicar los aspectos sanitarios y sociales contemplados en la ley, asegurando su correcta implementación.