Este sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva legislación referente al intercambio de antecedentes penales y al reconocimiento de resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión Europea. Dicha ley posibilitará la liberación anticipada de ciertos miembros de ETA, al permitir contabilizar las sentencias previamente cumplidas en Francia.
La aprobación de la ley ha provocado una inmediata respuesta del Partido Popular (PP), que ha anunciado que presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. El PP argumenta que el Senado, donde posee mayoría absoluta, había rechazado esta legislación, por lo que consideran que debía ser revisada nuevamente en el Congreso antes de su aprobación definitiva.
El procedimiento de aprobación ha culminado con la firma del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se establece que la normativa entrará en vigor veinte días después de su publicación oficial. En el preámbulo de la ley, Felipe VI expresa la aprobación formal de las Cortes Generales y su promulgación.
El PP apoyó inicialmente la polémica disposición por error, y al darse cuenta del mismo, ya no había margen para modificar el texto en el Senado. Este hecho ha desencadenado una serie de acciones legales sin precedentes entre ambas cámaras del Parlamento.