El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido inadmitir la querella presentada por el Partido Popular contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por un presunto delito de financiación ilegal. La querella se basaba en el testimonio de un empresario que aseguraba haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz.
En su auto, el juez ha seguido la recomendación de la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada se pronunció en contra de la admisión de esta querella. Fuentes fiscales confirmaron a Europa Press que no existían pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.
El juez Pedraz traslada la querella del PP contra el PSOE a la Fiscalía Anticorrupción
Acusaciones de financiación ilegal desestimadas
La querella del PP iba dirigida contra varios individuos, incluyendo al empresario Víctor de Aldama y al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, acusándolos de delitos como blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho. Según el relato del PP, uno de los testigos afirmó haber entregado en dos ocasiones bolsas de plástico con 90.000 euros en la sede del PSOE en octubre de 2020. El dinero, supuestamente, tenía como objetivo facilitar que la empresa Villafuel obtuviera una licencia de operador en el sector de hidrocarburos.
El Partido Popular consideraba que esta entrega de dinero en efectivo era motivo suficiente para «iniciar una investigación» con el fin de esclarecer quién recibió los fondos y cómo se usaron. Además, mencionaba la posible conexión de estos hechos con la investigación en curso en el Juzgado Central de Instrucción Número 2, conocida como el ‘caso Koldo’.
Decisión judicial y fundamentos del juez
A pesar de las acusaciones del PP, el juez Santiago Pedraz ha optado por no admitir la querella. En su auto, argumentó que no se presentaron pruebas concretas ni indicios suficientes que justificaran la apertura de un procedimiento judicial. Esta decisión se basó en la evaluación previa de la Fiscalía, que ya había considerado que los testimonios anónimos en los que se basaba la querella no eran concluyentes.
Este fallo supone un freno en las acusaciones del PP contra el PSOE, en un caso que pretendía vincular a la formación socialista con delitos graves en relación con el fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos, estimado en más de 182 millones de euros.
La noticia ha generado gran expectación en el ámbito político, especialmente por la implicación de figuras cercanas al expresidente socialista José Luis Ábalos, lo que había llevado al PP a especular con la posible implicación de un aforado y la necesidad de elevar el caso al Tribunal Supremo.
Esta resolución marca un nuevo episodio en la tensión entre los dos principales partidos de España, en un escenario donde las acusaciones cruzadas por temas de corrupción y financiación ilegal siguen siendo un tema recurrente.