La Sala Penal del Tribunal Supremo ha rechazado las querellas presentadas contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusada de supuestamente revelar datos personales y reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El tribunal ha concluido que Montero no divulgó “ningún dato personal y reservado” en las declaraciones públicas que realizó el 12 de marzo.
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Querellas basadas en supuesta violación de secretos
Las querellas, interpuestas por la Asociación Liberum y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, acusaban a Montero de haber accedido sin autorización a información privada relacionada con el Sr. González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y de utilizar dichos datos con fines políticos. Las acusaciones se fundamentaban en unas declaraciones en las que Montero instaba a la presidenta regional a dar explicaciones sobre la supuesta adquisición de un piso pagado mediante fraude fiscal relacionado con las comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.
El Supremo descarta delito de revelación de secretos
El tribunal, en un auto firmado por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela, ha desestimado las acusaciones al concluir que las declaraciones de Montero no constituyen un delito de descubrimiento y revelación de secretos ni de infidelidad en la custodia de documentos. Según el Supremo, la información mencionada por la ministra ya había sido difundida en medios de comunicación, como lo evidenció un reportaje de ‘eldiario.es’ que publicó detalles de la denuncia a las 6:01 horas del mismo día.
Declaraciones basadas en hechos ya públicos
El alto tribunal ha señalado que, al momento de las declaraciones de Montero, la denuncia de la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude fiscal de 350.951,41 euros ya era de conocimiento público. Este hecho descarta la posibilidad de que la ministra haya revelado información reservada, ya que los datos sobre el caso estaban accesibles en medios de comunicación y, por tanto, no eran secretos.
Opinión personal, no divulgación de secretos
Finalmente, el tribunal ha concluido que las palabras de Montero fueron una opinión personal sobre la necesidad de transparencia por parte de la presidenta madrileña, sin que estas estuvieran basadas en información privilegiada obtenida por su cargo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo no aprecia indicios de un delito de violación de secretos.
Esta decisión judicial refuerza la postura de la ministra y cierra un episodio en el que se cuestionaba la legalidad de sus declaraciones en un contexto de intensa presión política.