La polémica en torno a la Comisión de Investigación creada en la Asamblea de Madrid para esclarecer las presuntas irregularidades en los programas de cátedras y posgrados de la Universidad Complutense, que involucran a Begoña Gómez, ha escalado en las últimas horas tras la publicación de las listas de comparecientes propuestas por cada una de las formaciones políticas, sobre todo con la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte del PP y VOX.
No obstante, el Ejecutivo central ha sido tajante al afirmar que Sánchez no comparecerá ante dicho órgano, dado que el presidente «no está obligado» a acudir a ninguna comisión de investigación en parlamentos autonómicos. Una postura que se apoya en dictámenes anteriores del Consejo de Estado, entre ellos uno emitido en abril de 2019, que exime a los miembros del Gobierno de comparecer ante comisiones de esta índole, tal y como ocurrió en su momento con la solicitud de comparecencia de Mariano Rajoy en el Parlament de Cataluña.
En este sentido, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, reforzó esta posición de forma inequívoca, subrayando que no existe “ninguna obligación legal” para que el presidente del Gobierno comparezca ante una comisión en el ámbito autonómico, y recordando que “ni Mariano Rajoy ni otros presidentes anteriores lo han hecho, ya que se trata de una cuestión puramente competencial”. De modo que, para Bolaños, la comparecencia de Sánchez sería “un sinsentido jurídico”, al no estar relacionada con las competencias de la Asamblea de Madrid, añadiendo que “esta petición está destinada al fracaso”.
Asimismo, Bolaños aprovechó la ocasión para cargar contra la estrategia del Partido Popular en Madrid, acusando a la formación de buscar “ruido mediático” para “desgastar sin fundamento al presidente del Gobierno”, en referencia a la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no asistir a la reunión con Sánchez. Según el ministro, la presidenta madrileña pretende, con esta iniciativa, “dejar en evidencia” a Alberto Núñez Feijóo, a quien describió como un líder “incapaz de confrontar al Gobierno de manera efectiva en el ámbito nacional”.
VOX intensifica la presión con la solicitud de un informe jurídico que justifique la comparecencia de Sánchez
Ante la negativa de Moncloa, VOX ha redoblado sus esfuerzos solicitando a los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid un informe que avale la posibilidad de citar al presidente del Gobierno en la comisión de investigación. Con esta maniobra, la formación liderada por José Antonio Fúster en Madrid pretende conseguir una opinión legal que respalde la obligatoriedad de que Pedro Sánchez comparezca, asegurándose así de que la petición se ajuste a las normas legales y parlamentarias vigentes.
En la misma línea, el documento presentado por VOX también solicita que los servicios jurídicos determinen las posibles implicaciones legales de una eventual negativa de Sánchez a asistir, así como las consecuencias de no responder a las preguntas de los diputados o de incurrir en falsedad durante su comparecencia. Una estrategia que no solo persigue legitimar la citación, sino también establecer precedentes para futuras comisiones de investigación.