viernes, octubre 25, 2024
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El juez Calama admite la denuncia por financiación ilegal contra el eurodiputado Alvise Pérez

La denuncia acusa al político de financiación ilegal de partidos al recibir presuntamente 100.000 euros en efectivo para su campaña electoral al Parlamento Europeo, el magistrado le ha ofrecido declarar voluntariamente el 20 de noviembre

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El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite una denuncia presentada por Álvaro Romillo ‘Cryptospain’, empresario investigado por una presunta estafa piramidal en Madeira Invest, contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise. La denuncia acusa al político de financiación ilegal de partidos al recibir presuntamente 100.000 euros en efectivo para su campaña electoral al Parlamento Europeo.

Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, y la presunta financiación ilegal en la campaña de Alvise Pérez

Alvise Pérez deberá comparecer ante el juez

La decisión del juez permite al eurodiputado Alvise Pérez, en su calidad de aforado, personarse en el caso y declarar voluntariamente ante el juzgado el próximo 20 de noviembre. Además, el magistrado le ha ofrecido la posibilidad de aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa. Para investigar el supuesto delito de financiación ilegal de partidos, Calama ha decidido abrir una pieza separada independiente de la causa principal en la que se examina la presunta estafa piramidal de Madeira Invest y el papel de algunos de sus administradores.

La conexión de Alvise con la trama Madeira Invest

En el auto judicial, el magistrado apunta a la posible colaboración de Alvise Pérez en las actividades ilícitas vinculadas a Madeira Invest. Según el documento, el eurodiputado podría ser considerado cooperador necesario en el delito de estafa agravada debido a su intervención en la promoción de la actividad financiera sospechosa desarrollada a través de la plataforma Madeira Invest Club.

La denuncia de Álvaro Romillo detalla los contactos mantenidos con Alvise Pérez para financiar la campaña de este último y así garantizar su promoción política. La transferencia de dinero supuestamente se realizó en efectivo el 27 de mayo en una ubicación acordada. Romillo afirma que Alvise se mostró agradecido al recibir los fondos, los cuales “posibilitaron una parte urgente de su campaña”, según una comunicación incluida en la denuncia.

Aclaración sobre la admisión de la denuncia

El juez Calama ha subrayado que la admisión a trámite de la denuncia no implica imputación judicial. Esta acción representa únicamente el inicio de la investigación judicial para analizar los hechos presentados, los cuales, debido a su naturaleza, podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos. El magistrado indica que los documentos anexados a la denuncia brindan verosimilitud al relato, cumpliendo así los requisitos para avanzar en la investigación.

Sin embargo, la admisión a trámite aún no es una imputación formal para Alvise Pérez, pero le permite defenderse desde el proceso inicial, conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Caracterización del delito de financiación ilegal

El magistrado ha explicado que el delito de financiación ilegal de partidos es un delito de mera actividad, lo cual significa que no se requiere un resultado específico. Este delito se consuma con la simple acción de entregar o recibir aportaciones destinadas al financiamiento de partidos políticos en violación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, sin necesidad de aceptación o trámite adicional.

De denunciante a investigado

Álvaro Romillo, quien denunció a Alvise, también ha sido incluido en la investigación como responsable de financiar la campaña del eurodiputado. El juez ha determinado que, debido a las características del delito de financiación ilegal, la responsabilidad recae tanto en quien recibe como en quien otorga las donaciones. Romillo deberá comparecer en calidad de investigado en la misma fecha que Alvise, el próximo 20 de noviembre, para ejercer su derecho a la defensa en la causa.

Este caso genera expectativa en el ámbito político y judicial por sus posibles implicaciones en la transparencia y legalidad en la financiación de campañas electorales. La investigación en curso esclarecerá los detalles de las acusaciones y el alcance de la participación de los implicados.

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