El Gobierno ha relacionado la disminución de la natalidad en España con lo que describe como un «cambio social» motivado por decisiones individuales de los ciudadanos, situadas fuera del ámbito de intervención estatal.
«En este marco, el Gobierno considera que este cambio social responde a decisiones personales de los ciudadanos y que se sitúan en un ámbito decisor ajeno a la intervención de los poderes públicos», subrayó el Ejecutivo en una respuesta oficial emitida al Congreso de los Diputados, agregando que su labor se centra en garantizar la cohesión social y territorial para asegurar el acceso justo a recursos y servicios en todo el territorio nacional.
Este planteamiento fue expresado en una respuesta escrita a la pregunta elaborada por el Grupo Parlamentario Vox, en la cual el Gobierno incorporó cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ilustran una notable caída de los nacimientos en la última década, con un descenso de más de 100,000 nacimientos en diez años, pasando de 454,648 en 2012 a 329,251 en 2022. Paralelamente, los datos proporcionados indican un cambio en la edad media de maternidad, con un incremento del 27,9 % en los nacimientos de madres de 40 años o más, lo que sugiere una postergación de la maternidad en el país.
A este respecto, el Ejecutivo considera que esta tendencia responde a «los profundos cambios producidos en las últimas décadas en la estructura económica española», argumentando que estas transformaciones han modificado tanto la dinámica social como el comportamiento de los ciudadanos, afectando de manera directa las tasas de natalidad y fecundidad, que han experimentado una notable reducción.
En su respuesta, el Gobierno también destaca que el fenómeno no es exclusivo de España, sino que representa una tendencia que afecta a muchos países alrededor del mundo. De manera que, respaldado por estudios de la OCDE, la ONU y el Banco Mundial, el Gobierno subraya que esta transformación demográfica se extiende globalmente y afecta a numerosas regiones, especialmente a aquellas con mayores niveles de desarrollo económico, contribuyendo así a una reducción en el crecimiento natural de la población.
Ante este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha una serie de políticas para enfrentar el reto demográfico desde un enfoque transversal. Según señala el Ejecutivo, esta estrategia abarca varios desafíos de índole demográfica que requieren una respuesta conjunta a problemas como la despoblación, el envejecimiento demográfico, la masculinización de determinadas áreas, las disparidades territoriales y la disminución de la tasa de fecundidad.
Además, el Gobierno afirma que este enfoque «requiere de una respuesta en distintas dimensiones, que garantice en todo caso la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas», prestando especial atención a colectivos vulnerables como mujeres, menores y personas mayores. En este sentido, el documento detalla que una de las principales metas es mejorar las condiciones de vida en zonas demográficamente desfavorecidas, ampliando las oportunidades y promoviendo políticas que fomenten la igualdad de género, la conciliación y la corresponsabilidad familiar.
Finalmente, el Gobierno puntualiza que, dentro del ejercicio de sus competencias, también se están reforzando los servicios relacionados con la crianza y el cuidado de los menores. Todo ello, en el marco de una serie de iniciativas que buscan, además de una mayor cohesión territorial, consolidar una red de apoyo que facilite la vida en zonas afectadas por el declive demográfico, proporcionando a sus habitantes una base de igualdad en servicios y derechos, a fin de frenar la tendencia de descenso poblacional en el país.