El Ministerio de Trabajo y Economía Social realizará este martes, 29 de octubre, un nuevo y último intento para lograr un acuerdo con los sindicatos (CCOO y UGT) y la patronal sobre la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Si la patronal no acepta la propuesta, el Gobierno tiene la intención de cerrar las negociaciones y avanzar en el acuerdo únicamente con los sindicatos.
En este sentido, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, señaló que el Ministerio presentará una «última oferta» que busca persuadir a la patronal de sumarse al acuerdo, incluyendo ayudas adicionales a los sectores que tradicionalmente encuentran más obstáculos para reducir la jornada sin afectar sus operaciones. «Haremos la última oferta en la mesa del día 29, esperaremos a que las organizaciones nos respondan, y si podemos contar con la patronal, será para nosotros una gran noticia, pero si no podemos contar con ella, intentaremos un acuerdo con las organizaciones sindicales», explicó Pérez Rey.
En la misma línea, la ministra Yolanda Díaz ha sido clara al advertir que la mesa de negociación se encuentra «en la recta final» y que el objetivo es alcanzar una conclusión definitiva «ya sea para el sí o para el no». De este modo, Díaz instó a la patronal a definir «si se coloca del lado de los intereses de las pequeñas empresas o hace otra cosa, como ya hizo en el salario mínimo», aludiendo a las posturas que la CEOE adoptó en negociaciones anteriores.
Este largo proceso de diálogo comenzó en enero de este año, cuando el Ejecutivo inició una serie de reuniones con la intención de reducir la jornada semanal. Desde entonces, las mesas de negociación han contado con un formato bipartito —sindicatos y patronal— y tripartito, al que se ha sumado el Ministerio de Trabajo. De modo que, durante los últimos meses, el Gobierno ha planteado múltiples propuestas con la esperanza de llegar a un consenso, incluyendo un plan de apoyo a pymes con menos de diez empleados, incentivos para que los contratos a tiempo parcial puedan convertirse en empleos a tiempo completo y bonificaciones para nuevas contrataciones indefinidas en aquellas pequeñas empresas afectadas por la reducción de la jornada laboral.
A pesar de la advertencia de Trabajo, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha respondido con escepticismo al planteamiento del Ministerio. De hecho, ha mostrado su descontento con lo que percibe como un «ultimátum» por parte de la administración, al señalar que está defendiendo «la negociación colectiva» y el cumplimiento de los convenios establecidos. Además, Garamendi subrayó que, a pesar de las reiteradas menciones de bonificaciones y ayudas que ha hecho el Gobierno, la patronal no ha recibido aún ningún documento formal con las propuestas. «No sabemos de qué se está hablando», apuntó el líder empresarial.
Mientras tanto, CCOO y UGT han comunicado a la ministra que, en caso de que la CEOE decida no sumarse al acuerdo y el Gobierno deba llevar la medida al Parlamento por su cuenta, pedirán que este se apruebe «sin ninguna concesión» a la patronal.
En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, fue directo en su advertencia a la CEOE, señalando que «se le acaba el tiempo» y que el Gobierno trasladará la propuesta al Parlamento «haya acuerdo o no» tras la reunión del martes. Asimismo, Unai Sordo, secretario general de CCOO, manifestó también su frustración por lo que describió como una actitud de «puro obstruccionismo» por parte de la patronal, destacando que la negociación «ya no da más de sí».
De esta manera, las tensiones en la mesa de negociación han alcanzado su punto más álgido desde el verano, debido a la constante resistencia de la CEOE a adoptar cualquier cambio. En respuesta, los líderes sindicales han exigido nuevamente al Gobierno que actúe con «valentía» para implementar esta reducción de jornada laboral. Una medida que no ha experimentado modificaciones en España desde hace cuatro décadas y que forma parte de los compromisos asumidos en el acuerdo de coalición.
La CEOE reafirma su rechazo a la propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral